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La vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, Rosibel Jara Velázquez, indicó que trabaja de manera independiente dentro de este órgano, tras diferencias con el resto de los compañeros.
Jara se manifestó en contra de cambios al reglamento de incorporación de nuevos profesionales durante la sesión número 10 de la junta, según una publicación del abogado Rafael Rodríguez en redes sociales.
Esta posición habría provocado que se le limitaran algunas responsabilidades, razón por la cual continúa desempeñando su cargo por separado.
Jara, quien también funge como abogada, jueza y magistrada suplente de la Corte Plena, ha evitado pronunciarse ante la prensa por respeto a su cargo. No obstante, utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de colegas.
“¡Gracias por la solidaridad! Continuaré como vicepresidenta independiente, tal como lo juré: respetando la Constitución y las leyes de la República”, expresó.
Las observaciones y objeciones planteadas por Jara estarían registradas en el acta de la sesión número 10, aunque esta aún no ha sido divulgada. La última acta publicada corresponde a la sesión número ocho.
Este conflicto se suma a los cuestionamientos de distintos sectores sobre la reducción en la nota mínima del examen de incorporación, que pasó de 80 a 70.
Solicitudes sin respuesta
Diario Extra consultó al Colegio de Abogados sobre la situación, pero indicaron que no se referirían a comentarios realizados en redes sociales.
A raíz de la modificación retroactiva en la nota mínima del examen, válida para la última década, la Junta Directiva ha incorporado a un gran número de profesionales en las semanas recientes.
Según informó la institución en redes sociales, solo en marzo se integraron 1.166 personas. No obstante, la abogada Marylin Arias considera que el número podría ser aún mayor. Ella ha solicitado datos a los directivos y presentado acciones legales contra las resoluciones adoptadas. “Todo esto confirma lo que he sostenido desde el inicio: los acuerdos son inválidos y nulos. Actuaron sin competencia. Uno pide información y no la entregan, por eso recurrimos a recursos de amparo”, declaró.
Arias argumenta que estas incorporaciones carecen de fundamento legal, ya que exceden las atribuciones de la Junta.
“No es que se tenga algo contra quienes fueron admitidos, pero esta situación generará procesos de lesividad cuando se revele toda la información”, advirtió.