En medio de la presión de los diputados, quienes solicitan la destitución de Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia en Asuntos Administrativos, Laura Fernández, titular de esa cartera, declaró a DIARIO EXTRA que el funcionario se encuentra en periodo de prueba. Rodríguez Bogle fue el responsable de firmar la declaratoria No.136-C del 18 junio, donde se declaró la Marcha de la Diversidad como actividad de interés cultural.
Según justificó la ministra, su autorización cumplió con todos los estándares necesarios que le pide el sistema electrónico de delegación de firma.
“Al igual que el resto de asesores y funcionarios del Ministerio de la Presidencia, todos están en periodo de prueba conmigo, todos están siendo considerados por mí para estar en el equipo de trabajo. Todo mi equipo está a prueba”, afirmó Fernández.
Recientemente Freddy Morera, ex viceministro de Presidencia para Asuntos Parlamentarios, renunció a su cargo a tan solo una semana de la salida de Natalia Díaz de la dirección de ese ministerio.
De acuerdo con la oficina de prensa de Casa Presidencial, la dimisión se debió a temas personales y se hizo efectiva a partir del 30 de junio.
INDUCIDO A ERROR
Respecto a la firma de la declaratoria, Fernández explicó que el funcionario fue inducido a error por el sistema que utilizan en Casa Presidencial, el cual consiste en delegar las firmas para que se vaya pasando la verificación entre jerarcas hasta llegar a los altos mandos.
“Él firmó con todos los checklists cumplidos por la anterior jerarca del Ministerio de Cultura y por parte de Ricardo Sossa, que era el asesor del presidente, quien debió corroborar por supuesto con el señor presidente que tuviera su visto bueno.
Se indujo a error por el sistema electrónico, llegó con todos los checks y la firma final fue estampada por Jorge Rodríguez Bogle, corroborando los checks del sistema y asumiendo que el visto bueno ya venía con el aval del despacho del presidente, pero lamentablemente no fue así”, explicó Fernández.
Cuando se decidió su despido Presidencia informó que la decisión de destituirlos de su cargo responde a la responsabilidad política y disciplinaria a la que están sujetos los jerarcas de esta administración.
Incluso, Chaves fue cuestionado por este tema durante su visita en Panamá, donde aclaró que la decisión correspondía a una respuesta, debido a que el acto que cometieron Sossa y Nayuribe Guadamuz, entonces ministra de Cultura, era considerado como indisciplina.
PIDEN SALIDA
Por otra parte, la bancada de Nueva República pidió que al despido de la ministra y el comisionado de Inclusión Social se sumara la separación de Rodríguez Bogle porque considera que su firma va en contra de “los valores costarricenses”.
Asimismo, el legislador Fabricio Alvarado calificó de “tibio” al Gobierno porque tardó 11 días tras la publicación de la declaratoria para tomar acciones respecto al tema.
“El presidente Chaves sabe que lo apoyamos en varias cosas, como el tema del referéndum, pero tenemos un Gobierno tibio en defensa de la vida y la familia (…) más allá de lo que, por supuesto, celebramos por estas personas que no hicieron lo correcto e hicieron las cosas a espaldas del presidente, pues qué bueno.
Pero ¿qué pasó en 2023? Que se hizo la misma declaratoria de interés a esta misma marcha de la diversidad que no le aporta nada al país. La gente conoce nuestra posición”, expresó.
Según la versión que Sossa dio a El Periódico de Más Venta en Costa Rica, él no vio como ilegal ninguna acción y Rodríguez Bogle fue quien firmó la declaratoria el año pasado.