Vetarían ley de capitales emergentes

El Poder Ejecutivo valora la posibilidad de vetar el proyecto de ley sobre “capitales emergentes”, aprobado en primer debate esta semana.

Diario Extra conversó con la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien confirmó que, si bien aún no se ha tomado una decisión, el presidente Rodrigo Chaves evaluará esa opción.

“No tenemos línea aún, pero podría considerarlo”, afirmó la legisladora.

La iniciativa fue aprobada con criterio dividido entre los diputados, algo que preocupa a Cisneros.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) alertó a los legisladores sobre los riesgos del proyecto de “capitales emergentes”. 

El principal señalamiento es que la medida “atenta contra las garantías de la ciudadanía” y pone en riesgo al sector empresarial. Además, aunque la propuesta fue consultada ante la Sala Constitucional, el texto no se envió al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), al Ministerio de Hacienda ni a otras instituciones del Estado para conocer su criterio. “Le planteamos mejoras, pero no logramos cambiar el umbral. Hay una mayoría que no quiso devolverlo a comisión”, señaló María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Esta reforma busca establecer una ley contra la delincuencia organizada para congelar los bienes de una persona cuando se detecten “incrementos patrimoniales sin causa lícita aparente”.

En otras palabras, permitiría al Estado confiscar bienes si existen sospechas sobre su procedencia o si su origen se relaciona con actividades delictivas (ver recuadro).

Algunos diputados intentaron devolver el texto a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para limitar estas medidas exclusivamente a personas vinculadas con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. También solicitaron que se consultara a las instituciones pertinentes, pero la moción no prosperó.

Aprobación y oposición

A pesar de las críticas, 25 diputados aprobaron el texto. Todos pertenecen a Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) e independientes.

“Es una deuda que tenemos en materia de seguridad. Con este proyecto, le damos al narco donde más le duele: en sus bienes y dinero”, señaló Priscilla Vindas, del FA. En contra votaron los partidos Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC), el oficialismo y Nueva República (NR). Argumentan que la iniciativa es una “extinción de dominio solapada” que afectaría a pymes y empresarios. “Quieren congelar bienes sin acusación. Habrá una persecución comercial y sobre el origen de los bienes. Apenas habrá tres días para demostrar su procedencia, lo que obliga a la gente a hacer lo imposible. Es muy peligroso”, advirtió Eliécer Feinzaig.