“Tenemos que aprender a separar lo que es urgente de lo que no, y aquí la principal demanda de los costarricenses es fortalecer la seguridad ciudadana”.
Resulta vergonzoso que la Defensoría de los Habitantes deba intervenir en el conflicto existente entre el Ministerio de Hacienda y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Si se toma en cuenta la ola de violencia que existe en el país, donde la inseguridad destaca como la principal preocupación sin importar al estrato social al que pertenezcan, deberíamos repensar en nuestras prioridades como Estado.
No deberíamos pensarlo mucho. En estas circunstancias, la respuesta debería ser sí a las necesidades de la Policía Judicial y todo aquello que contribuya a reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Bien lo dice el director del OIJ, Randall Zúñiga, con esta división solo los malos salen ganando. Empecemos a pensar en el país y dejemos de lado los ataques personales.
Debemos comprender que el camino no es la confrontación, sino el diálogo. Ya se pudo avanzar en materia de proyectos de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, ahora nos toca continuar por otra senda.
En el último año, hemos visto un desfile de presupuestos extraordinarios pasar por el Congreso, ¿entonces por qué decimos no cuando hablamos del OIJ?
Bien hacen los diputados en solicitar a Hacienda que incluya los dineros. Sin embargo, no está de más indagar acerca de si parte del presupuesto que se quiere para hacer investigación judicial se usará en la construcción de un edificio.
Tenemos que aprender a separar lo que es urgente de lo que no, y aquí la principal demanda de los costarricenses es fortalecer la seguridad ciudadana.
A como vemos el tema, está difícil que la diferencia se pueda resolver. Eso no quita que el OIJ y Hacienda deberían tener la capacidad de sentarse a conversar.
En esta nebulosa, lo único que queda claro es que hay que establecer balances para lograr un uso eficiente de los recursos públicos, debido a que son escasos.
Como habíamos dicho, sin seguridad no hay nada, de modo que tenemos que pensar que todo en nuestra amada Costa Rica está ligado a dicha necesidad. La inversión, el crecimiento económico, el empleo y muchas otras temáticas dependen de ello.
Sin embargo, debemos reconocer que la crisis por la que atraviesa el país va más allá de una situación presupuestaria. Se necesita un cambio en la estructura de atención a la delincuencia.
La inseguridad es una problemática que merece la atención de las autoridades y flaco favor le hace al país está división entre Poderes. Es hora de sentarse a conversar.
Los costarricenses necesitamos respuestas, nos urge conocer hacia dónde va la política de criminalidad, y definir las prioridades porque solo así lograremos cambiar esta senda.
No podemos esperar a que la bomba estalle. Tenemos que pensar como uno solo y dejar la política de lado para el beneficio de todos, ¿o será que habrá que esperar a que pasen las elecciones municipales…?
Si hay un tema de dinero, revisemos, pero no pongamos excusas para no avanzar. No nos tiremos la pelota para ver a dónde cae, y que cada palo aguante su vela, para que Costa Rica pueda aguantar la de todos.