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La eventual venta del Banco de Costa Rica (BCR) requiere una reforma constitucional y no de una votación por mayoría calificada como ha señalado la Procuraduría.
Así lo manifestó Manuel Hernández, asesor legal de la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco), durante su exposición ante los diputados que analizan el proyecto de ley expediente 23.331.
Según dijo el abogado del Estado, emitió un par de resoluciones que serían contradictorias en relación con el tema de la conversión de un banco público en una sociedad anónima.
Hizo alusión al artículo 195 de la Constitución para reformar el 189 de la misma norma. “Se necesita una reforma parcial, porque esta ley vendría a transformar la naturaleza del banco y eso implica su extinción. Realmente la resolución de la Procuraduría nos ha dejado sorprendidos”, externó.
El asesor legal explicó que, cuando se hizo la consulta del proyecto de Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la transformación de los bancos comerciales en sociedades anónimas, se dijo una cosa y ahora la misma entidad dice otra.
“Lo más extraño es que es la misma procuradora la que rinde ambos informes. Al menos deja claro que no se requiere de una mayoría simple. El banco tiene una naturaleza jurídica pública. Es un Frankenstein de proyecto político, porque esto no es jurídico”, añadió.
Por su parte, Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco, expresó que esta iniciativa va en línea con la privatización del Estado y de instituciones públicas con funciones estratégicas. “La experiencia nos dice que nunca ha terminado bien. El BCR es la segunda institución del país con mayores ganancias a diciembre de 2021, detrás de esto hay algún negocio, no entendemos la razonabilidad del proceso de venta”, resaltó.
EVASIÓN FISCAL EN LUGAR DE VENDER INSTITUCIONES
Sobre la necesidad de bajar la deuda pública, pidió al gobierno que presente proyectos para reducir la evasión y la elusión fiscal, en lugar de apuntar a la venta de instituciones públicas.
También manifestó que los 4.300 empleados del banco se financian directamente con las ganancias o utilidades de la institución, es decir que no se toman recursos del erario público ni del presupuesto nacional. “Eso sí va a mover la aguja, hay que buscar otras alternativas”, añadió.
En la parte social, indicaron que en los últimos cinco años, ¢132 mil millones se han distribuido con rostro humano, incluidos los aportes a la Comisión Nacional de Emergencias.
Creen que el gobierno debe reconocer que la totalidad de los colaboradores serán despedidos y eso implicará una indemnización. “Si no hay una reinserción laboral, eso generará pobreza”, replicó.
Otro punto es que se encarecería el crédito porque hoy las tasas activas (para préstamos) de un banco público versus uno privado tienen una diferencia del 4,47%. “Si se deja de pagar habrá un sobreprecio en la tasa de los créditos”, acotó.
Reconocieron que hoy existen 60 oficinas del BCR que no generan utilidades, cuyos gastos se sostienen con los negocios que generan las otras sucursales.
GENTE QUE UTILIZA INFLUENCIAS ES LA QUE NO QUIERE LA VENTA
Esas fueron las palabras del presidente Rodrigo Chaves con respecto a la oposición al proyecto. “¿A quién no le sirve? A la gente que gana más de lo que ganaría en otra parte fuera del banco, y a la gente que utiliza influencias para beneficiarse de los servicios del banco y ojo que no acuso a nadie, hay una historia, lo que quiero decir es que hay gente que debe dejar de vender humo. El momento de vender era ayer, no hoy”, expresó el mandatario.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, agregó que el ahorro tras la venta será de ¢92 mil millones al año y ¢60 mil millones adicionales si se suman las contribuciones parafiscales (a instituciones).
“Estaría liberándose el pago de intereses para dedicarlos a obra pública y transferirlos a los grupos más vulnerables. Esta es una oportunidad para los costarricenses de bajar la relación deuda-PIB, yo diría que este es el momento oportuno para vender”, manifestó.
También argumentó que cuanto más rentable sea el negocio más alto es el precio y así se daría una mayor reducción de la deuda. “Se podría usar en cosas que a los costarricenses les urge”, replicó.