Caracas. (AFP) – El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó un acuerdo para “instar” al presidente Nicolás Maduro a romper relaciones con España como respuesta a los cuestionamientos de congresistas españoles a su reelección, tachada de fraude por la oposición.
El acuerdo solicita “al Ejecutivo nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el reino de España”.
El jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados aprobar “con la señal de costumbre” (mano levantada) y de “manera entusiasta” el acuerdo, que fue respaldado al grito de “aprobado” por parte de la cámara.
El acuerdo se centró en el rechazo a la resolución suscrita por diputados españoles que pidieron al gobierno izquierdista de Pedro Sánchez reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio.
La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó “categóricamente la nefasta resolución aprobada por la derecha fascista del congreso de diputados de España”, al tiempo que exigió respetar la reelección de Maduro.
“La paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes”, dijo Rodríguez, que ya había llevado la propuesta de romper relaciones con España el pasado 11 de setiembre, día en que fue aprobada la resolución por el Congreso español.
Sánchez ha reclamado hasta ahora, en consonancia con la posición de la Unión Europea, que se hacen públicas las actas electorales de los comicios, pero sin reconocer a González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de setiembre tras pesar sobre él una orden de captura.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, reivindica el triunfo del exdiplomático de 75 años partiendo en un 80% de las actas que digitalizó y publicó en un sitio web, que el gobierno ha descrito como un material plagado de inconsistencias.
La victoria de Maduro para un tercer período consecutivo fue validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que no publicó cómputos detallados, como exige la ley, al argumentar que fue blanco de un hackeo.