Venezuela. (EFE).- El Gobierno de Venezuela oficializó la declaración del \”Estado de Excepción y Emergencia Económica\” por 60 días en todo el territorio, una norma con la que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, pretende hacer frente a supuestas amenazas a su Administración.
\”Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica (…) dadas las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológico que afectan gravemente la economía nacional, el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación\”, señala el artículo 1 de la Gaceta Oficial difundida hoy.
Maduro anunció su decisión de decretar un estado de excepción que le diera \”el poder suficiente\” para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
También le permite al mandatario venezolano ordenar el desembolso de partidas extrapresupuestarias y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o \”aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país\” sin someterse \”a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos\”.
POSICIÓN EXPRESIDENTES
Por su parte la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en la que participan jefes de Estado y de Gobierno, como el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, hacen un llamado al presidente Maduro “para que respete sin restricciones el mandato de cambio democrático y constitucional que decidió el pueblo venezolano”, esto durante el 2015.
Asimismo, “lo exhorta a que no utilice a los demás poderes del Estado para impedir u obstaculizar las acciones que adelanta constitucionalmente la Asamblea Nacional, para resolver la grave crisis que aqueja a ese país”.
Otros aspectos en los cuales se apoya el Decreto, es la \”consideración\” de que el Parlamento, de mayoría opositora, supuestamente pretende \”el desconocimiento de todos los Poderes Públicos\” y promociona \”la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional\”.