Muchos demagogos que defienden intereses mezquinos andan con el cuento de que este Gobierno quiere “desmantelar” las instituciones públicas, vaya mentira, pues desmantelar significa desarmar algo o desarticular una organización o negocio, y en el caso de venta de acciones del BCR y el INS eso no implica su cierre. Claro, en el pasado, algunos gobiernos han vendido entidades públicas como Fertica o cerrado otras como el caso de Transmesa, como parte de acciones correctivas, cuando se ha evidenciado un alto costo de operación o pérdidas sostenidas. Actualmente, una empresa pública como Fanal hace cierto tiempo enfrenta serios problemas de deudas, en ese caso ya es necesario que se abra la venta, de sus acciones al público. En tanto Racsa ha vuelto a tener cuantiosas pérdidas y la CNFL enfrenta una gran deuda que arrastra desde hace varios años.
Retomando el tema de los bancos públicos; en teoría son de todos los costarricenses, pero en la realidad pertenecen a grupos politizados, entre ellos los sindicatos que piden y piden pluses para sus empleados. Para que los bancos BCR y BNCR sean realmente del pueblo, se debe abrir la venta de acciones a todas las personas que puedan adquirirlas, sean cooperativas, empresarios, trabajadores, asociaciones y eso incluso fortalecería las finanzas y el dinamismo bursátil.
En el caso de la venta del BCR, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, pero si es rechazado o impugnado por vicios o improcedencias de fondo podría quedar archivado. Sin embargo, sería bueno convocar a un referéndum, para que la mayoría de costarricenses den su aceptación o rechazo. Luego, está el asunto de la presencia de instituciones que tienen duplicidad de funciones o que al haber pasados muchas décadas, perdieron su objetivo, por ejemplo, el CNP e INVU. Ante ese tipo de situaciones se ha planteado su cierre y el traslado de sus funciones a otras entidades, o jerarquías ministeriales.
Sobre el caso de Recope, ya sabemos que dejó sus actividades de refinación de derivados del petróleo, y solo se dedica a importar combustibles ya refinados y otras sustancias derivadas, para venderlas a los distribuidores finales. Con dicha institución, también parece necesario abrir la venta de acciones a todas las personas, que puedan adquirirlas.
En resumen, es harto sabido que en el sector público hay mucho despilfarro, saqueo o mala administración de los recursos materiales y financieros (vistos como bienes de difunto), aspectos que de cierta manera impactan la cadena macroecómica y social de nuestro país, por eso es necesario poner orden en eso, pese a que muchos aúllen o den alaridos, con el cuento de que se quiere afectar la nacionalización de instituciones y en cambio entronizar la privatización o el neoliberalismo económico, a favor de grupos privados de gran poder económico.
*Escritor