
Una serie de vehículos policiales se encuentran fuera de servicio a la espera de que lleguen repuestos tramitados por medio de pólizas del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta misma situación se presenta con autos de instituciones como el Ministerio de Agricultura y la Universidad de Costa Rica, según constató un equipo de Grupo Extra.
Las necesidades van desde espejos y repuestos menores, hasta reparaciones de mayor costo que llegan a tardar hasta 6 meses. Así lo denuncian propietarios de talleres en el Valle Central que expusieron la problemática.
Los empresarios aseguran que las demoras en la entrega de repuestos han provocado que patrullas, motocicletas policiales y otros vehículos de instituciones públicas permanezcan inmovilizados durante largos periodos, afectando su regreso a las labores operativas.
De acuerdo con los denunciantes, algunos automotores acumulan entre 6 meses y un año en espera de piezas para concluir las reparaciones. Incluso afirman tener entre 30 y 40 vehículos detenidos únicamente por la falta de repuestos entre carros policiales y particulares.
Representantes del sector señalan que los atrasos comenzaron a evidenciarse con mayor fuerza desde finales de 2025, cuando el proceso de cotización y gestión de repuestos supuestamente pasó a ser asumido directamente por el INS.
Según explicaron, anteriormente más de 200 talleres autorizados participaban en la valoración de daños y cotización de piezas, lo que permitía que las reparaciones se completaran en un plazo aproximado de entre uno y dos meses. Sin embargo, sostienen que actualmente los tiempos se han extendido a entre cuatro y cinco meses, e incluso más en algunos casos.
“Antes una reparación podía durar cerca de un mes. Ahora lo mínimo son cuatro o cinco meses y hay casos que superan los seis meses”, indicó uno de los propietarios consultados que pidió mantenerse en el anonimato.
Los dueños de talleres aseguran que la situación también genera costos por almacenamiento y limita la capacidad para recibir nuevos trabajos, ya que los vehículos permanecen ocupando espacio mientras esperan los repuestos necesarios para su reparación.
“Para mí y para cualquier colega es un gasto muy significativo porque tenemos que alquilar estos predios o bodegas que pueden costarnos hasta ¢2 millones al mes sin ningún beneficio. Solo para mantener vehículos parados por falta de repuestos”, agregó.
Debido a la acumulación de vehículos pendientes de reparación, los talleres aseguran que han tenido que pedir a muchos clientes que retiren sus automotores una vez realizado el avalúo, ya que no cuentan con espacio suficiente para mantenerlos almacenados durante meses mientras esperan la llegada de los repuestos.
Según los propietarios, la situación se agrava por atrasos en los pagos que, afirman, superan los dos meses, lo que ha generado una presión adicional sobre la operación de los negocios.
Los afectados piden una revisión del proceso para agilizar las reparaciones y evitar que más unidades policiales y vehículos de otras instituciones continúen fuera de servicio.
Sobre los señalamientos de los talleres, el INS respondió:
El proceso de reparación de vehículos depende de múltiples factores externos al Instituto, entre los que destacan:
En este contexto, el INS no controla ni administra directamente la cadena de suministro de repuestos.
Las condiciones de la póliza establecen expresamente que los plazos están sujetos a la disponibilidad de los repuestos, pudiendo variar según las condiciones del mercado.
Durante una entrevista, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó sobre el avance en otro proyecto orientado a la modernización de la flotilla policial.
Según el jerarca, la próxima semana sostendrán una reunión técnica para presentar la formulación del proyecto y continuar con el proceso de aprobación ante las instituciones correspondientes.
Campos afirmó que la renovación es necesaria debido a que gran parte de las patrullas actualmente en servicio tienen una antigüedad promedio de entre 2013 y 2014.




