Vecinos de San José denuncian abandono y decisiones arbitrarias 

Líderes comunales de diferentes distritos de San José alzaron la voz contra lo que consideran una gestión cuestionable por parte de la Junta Interventora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Denuncian abandono de instalaciones, limitación de espacios deportivos y decisiones administrativas que, según ellos, responden más a revanchismos políticos que al bienestar de las comunidades.

Carlos Méndez, referente deportivo de Hatillo 8, relató cómo desde la llegada de la nueva administración se desmantelaron proyectos que venían funcionando de forma autónoma y en beneficio de la comunidad. 

“La cancha no está abandonada por nosotros, la tiene abandonada el Comité”, reclamó Méndez, quien también denunció que se sacaron los equipos deportivos de una bodega comunitaria sin previo acuerdo y que los entrenamientos se han visto interrumpidos por falta de mantenimiento.

“En los últimos 22 días tuvimos que jugar cuatro partidos de visita porque no se cortó ni se marcó la cancha. Nosotros mismos tuvimos que cortar el zacate para poder jugar el fin de semana pasado”, explicó. 

Según dijo, antes existía una administración comunal funcional que fue sustituida sin justificación, y actualmente la cancha gasta hasta ¢4 millones al mes en seguridad privada, un administrador y una funcionaria de limpieza. 

“Ese dinero bien podría usarse para fortalecer la Liga Menor, que hace magia con lo poco que tiene”, reclamó.

Por su parte, Víctor Lanza, líder comunal de Barrio Cuba, lamentó el cierre prolongado del Estadio Moreno Cartín y el deterioro de otras instalaciones en su distrito. 

“La intervención fue en diciembre y en siete meses no ha pasado absolutamente nada. El estadio sigue cerrado, se robaron todo: sonido, instalación eléctrica, hasta una chapeadora. Y aun así pagan hasta tres oficiales de seguridad privada”, denunció.

Lanza cuestionó que mientras se justifican por problemas legales sobre la propiedad del inmueble, se anuncian millonarias inversiones en otras zonas. 

“Es claro que aquí hay un revanchismo político. Esta junta está actuando con criterios partidarios. Todo lo que huela a la administración anterior, lo eliminan sin importar si funcionaba bien o no”, dijo.

Ambos dirigentes coinciden en que las decisiones de la junta no solo afectan a los administradores anteriores, sino que golpean directamente a los niños y jóvenes.

“Nos dicen que, si una escuela de fútbol cobra mil colones para lavar uniformes, ya tiene fines de lucro. Eso no es entender la realidad de nuestras comunidades”, expresó Lanza.

Además, critican que se limite el acceso a las instalaciones con horarios poco prácticos. 

“Ponen horarios de entrenamiento entre semana de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., ¿cuál chiquito va a poder entrenar a esa hora si está en el colegio?”, cuestionó Lanza.

Ambos líderes concluyeron que las decisiones actuales están perjudicando la práctica del deporte y aumentando el riesgo social. 

“Aquí la plata se está yendo en salarios de confianza y seguridad, pero no en el desarrollo deportivo. Están empujando a los jóvenes a la calle, a los vicios. Y todo por una pelea política. Nos están quitando lo más valioso que tenemos como comunidad como lo es el deporte”, sentenció.

Según denuncias recabadas por este medio, tras la intervención del comité con el objetivo de corregir presuntas irregularidades en la gestión anterior, la nueva administración estaría repitiendo y agravando los errores que se suponía venía a subsanar.

Una de las principales quejas, como se mencionó anteriormente, se refiere al cierre arbitrario de instalaciones deportivas, la remoción de personal con experiencia y la designación de nuevos funcionarios, algunos de ellos provenientes de instituciones como el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), sin concurso público ni procesos de transparencia claros.

“Quitaron administraciones de polideportivos y canchas que funcionaban perfectamente. Eran espacios legales, en regla y con alta participación comunitaria. Pero la nueva administración simplemente los cerró sin justificación”, denunció un vecino.

Según denunciantes, las comunidades más afectadas son Barrio Cuba, San Sebastián, San Francisco, Plaza Víquez y Hatillo 8.

Este medio trató de contactar a la presidenta de la Junta Interventora, Marielos Barahona, no obstante, remitió a que se consultara al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. 

“Entendemos que las molestias provienen, en parte, de personas o grupos que perdieron el control directo de instalaciones y la posibilidad de obtener beneficios económicos sin respaldo legal. Reiteramos que toda gestión del CCDR-SJ se basa en transparencia, rendición de cuentas y uso comunitario de los espacios deportivos”, se refirió el Comité. 

Rosa Sandino 

Vecina afectada

“La administración de la cancha de San Sebastián tiene como requisito que tenemos que limpiar las instalaciones para poder hacer uso de los camerinos. Los niños se tienen que cambiar a la intemperie y eso no puede ser así, son menores de edad”.

Carlos Méndez 

Líder comunal de Hatillo 8

“El Comité de Deportes abandonó esta cancha. Ahora estamos peor que nunca. Los chiquitos no pueden jugar porque no cortan ni pintan la cancha, y lo poco que tenemos lo pusimos nosotros. Es una vergüenza.”

Víctor Lanza

Líder comunal de Barrio Cuba

“A nosotros nos cerraron el estadio por supuestos temas administrativos. Nosotros pensamos que era para mejoras, pero se convirtió en un cierre y vino a la toda la desaparición del proceso de Liga menor en Barrio Cuba”.