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En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante de Costa Rica, Boris Marchegiani, presentó una propuesta de reforma multilateral centrada en la postulación histórica de Rebeca Grynspan para la Secretaría General, el combate a las mafias transnacionales y la denuncia sobre el deterioro democrático en Nicaragua.
Durante su discurso ante la asamblea, Costa Rica oficializó la propuesta de la diplomática costarricense Rebeca Grynspan para liderar el máximo organismo internacional. Al respecto, Marchegiani afirmó:
El representante costarricense destacó las credenciales de la candidata, definiéndola como “una latinoamericana con experiencia política, económica y multilateral, una mujer de probado liderazgo que conoce las Naciones Unidas internamente por adentro y por afuera y entiende que conocer una institución también significa tener el valor para reformarla”.
Según expuso, la propuesta de la delegación costarricense parte del principio de que “defender las Naciones Unidas exige tener el valor de reformarla”, recalcando la posición firme del país.
“Costa Rica cree firmemente que la próxima secretaria general debe ser una mujer latinoamericana, aún más que debe ser Rebeca Greenspan”, expresó Marchegiani.
Otro de los ejes centrales del discurso fue la amenaza que representan las redes delictivas para la estabilidad democrática e institucional en la región. Marchegiani fue enfático al enumerar las distintas facetas de esta problemática:
“El crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, los delitos cibernéticos y la minería ilegal transcienden las fronteras nacionales y socavan la estabilidad democrática, el desarrollo y el estado de derecho”, dijo en representación de Costa Rica.
En ese marco, denunció el impacto directo que sufre el país en la zona fronteriza norte, señalando que “la minería ilegal impulsada por organizaciones criminales transnacionales en nuestra zona con Nicaragua ha provocado una grave destrucción ambiental y genera riesgos para la salud pública, la economía y la seguridad regional”.
Añadió además que estas estructuras criminales “disputan territorios, alimentan economías ilícitas, atentan contra las instituciones democráticas y afectan directamente los derechos y la dignidad de las personas”, al tiempo que advirtió sobre las nuevas amenazas tecnológicas.
“La inteligencia artificial bien puede potenciar el ciberterrorismo y otros delitos que aún son inimaginables”, añadió.
Respecto a la situación política del país vecino, el delegado costarricense manifestó una profunda inquietud por el menoscabo institucional y la represión estatal:
“En ese contexto reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación en Nicaragua, el deterioro de las libertades fundamentales, la persecución de voces críticas, el cierre de espacios cívicos, religiosas y las denuncias y violaciones a los derechos humanos continúan alejando al país de los principios democráticos”.
Frente a este escenario, reafirmó el compromiso humanitario de Costa Rica como país del norte.
“Como nación vecina que ha acogido a cientos de miles de personas nicaragüenses, mantenemos nuestro firme compromiso con la defensa de sus derechos y con el restablecimiento del estado de derecho”, mencionó Boris.