Vaticinan ola de renuncias en el Poder Judicial

Por considerar que la nueva reforma en pensiones desestimula a los funcionarios a seguir dando sus servicios, organizaciones laborales del Poder Judicial vaticinan que se dará una oleada importante de renuncias y de personas que se acogerán a su pensión, por lo que estiman que la lucha contra el hampa y delincuencia desmejorará.

En abril anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de modificaciones al régimen de pensiones del Poder Judicial, pues de acuerdo con los legisladores, el mismo afrontaría problemas de sostenibilidad a futuro.

El aumentar a 65 años la edad para pensionarse, incrementar el aporte que hacen los trabajadores que pasaron de cotizar un 11% a un 13%, el establecimiento de un tope de un promedio de ¢4 millones, el pago de una contribución solidaria escalonada entre el 35% al 55% y que recibirán el 82% del salario promedio devengado en los 240 meses previos a la fecha de la jubilación, son parte de los cambios que disgustaron a miles de empleados del Poder Judicial que se manifestaron en varias ocasiones el año anterior.

Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), sostuvo que en el primer semestre del 2017 renunciaron 24 trabajadores del Poder Judicial; mientras que en el primer semestre del presente año 48 personas optaron por irse, para un aumento del 100%.

En lo que respecta a las jubilaciones, Rodríguez señaló que en los primeros 6 meses del 2017 se jubilaron 89 empleados, mientras que en el mismo periodo, pero del 2018, fueron 127.

Agregó que, tras una visita realizada a oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), investigadores con 1 día, otro con 15 y el tercero con dos meses de haber sido aceptados y admitidos en la unidad, prefirieron renunciar.

“Ahora sí pregúntele a doña Marcela, a doña Sandra Piszk y a todas las agrupaciones políticas. Este es el resultado que se está dando, están ayudando a desmembrar el Poder Judicial”, apuntó Rodríguez, quien añadió que la reforma no garantiza la estabilidad, al tiempo que sostuvo que hay fuga de talentos y de personal calificado.

Muchos de los que renuncian, si tienen 60 años, pueden acogerse a la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues sus cuotas se trasladan a esa instancia, pero los que se van antes de esa edad, podrán hacer el traslado, trabajar en lo privado hasta alcanzar los 65 años y durante ese tiempo deberán cotizar en el régimen de la CCSS y luego optar por la pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Además, comentó que “lo que se está dando es el resultado de una cabezonada política y neoliberal”.

Ronald Segura, presidente de la Asociación de Fiscales, añadió que el trabajo en la función judicial ha sido catalogado como la que más desgaste psicológico genera en el mundo, según la Asociación Americana de Psicología.

“El someter a trabajar por más años al personal, con el horario que tiene el Poder Judicial y la cantidad de eventos somáticos que tiene ver la gente como homicidios, abusos de niños menores y otros significa que mucha gente no terminará de trabajar porque podría llegar a morir. 

La expectativa de vida de las personas que nacieron entre los 60 y los 70, es de 78 años nada más, eso quiere decir que, obligarlos a trabajar a los 65 años, solo tendrá pocos años de pensión antes de morir, por lo que mucha gente está tomando la decisión de irse”, explicó. 

Asimismo, Segura reseñó que ante tal situación “la delincuencia va a ser peor porque la mejor gente es la que se va y buscan otras opciones laborales y este es el problema que generará esta reforma”.