El desecho de 37.000 vacunas contra el covid-19 durante 2024, como lo informa hoy Diario Extra, es un reflejo alarmante de la deficiente planificación institucional en materia de salud pública.
Este desperdicio, que representa aproximadamente ¢259 millones, no solo constituye un despilfarro financiero inaceptable, sino una oportunidad perdida para proteger el bienestar de miles de costarricenses.
La crisis sanitaria provocada por esta enfermedad nos dejó lecciones que parecen no haberse aprendido. Una de ellas es la importancia de contar con estrategias eficientes que contemplen la adquisición de dosis, la adecuada distribución y aplicación. Que apenas el 1% de la población haya recibido el refuerzo anual hasta setiembre de 2024 evidencia una falta de promoción efectiva y concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener la inmunidad contra un virus que continúa evolucionando.
La propuesta del Ministerio de Salud de aplicar simultáneamente las vacunas contra covid-19 e influenza es un paso en la dirección correcta, pero llega tarde. Esta estrategia, respaldada por organismos internacionales como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, podría haber evitado esta situación si se hubiera implementado con anterioridad. El problema no es la falta de conocimiento técnico, sino la tardanza en tomar decisiones y ejecutarlas.
Es imperativo que las campañas de inoculación comiencen en los tiempos establecidos. El retraso en la de 2024, que debió iniciar en abril, pero se postergó hasta el segundo semestre, contribuyó significativamente al desperdicio. La planificación no puede ser un aspecto secundario cuando se trata de la salud pública y los recursos financieros limitados.
Las autoridades sanitarias deben rendir cuentas por esto y, más importante aún, implementar mecanismos efectivos para evitar que se repita. Esto incluye:
• Mejorar los sistemas de información para identificar con precisión a la población objetivo.
• Fortalecer las campañas de comunicación que motiven a la población a vacunarse.
• Establecer un monitoreo riguroso del inventario y su fecha de caducidad.
• Implementar estrategias más accesibles y convenientes para la ciudadanía.
Como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Debemos entender que la vacunación anual no es una opción, sino una necesidad para proteger la salud individual y colectiva. El virus no ha desaparecido y continúa mutando, la inoculación regular es nuestra mejor defensa.
En los próximos años, la aplicación del refuerzo anual debe convertirse en una prioridad personal y una responsabilidad cívica.
