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Las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) podrían representar un ahorro significativo para la seguridad social costarricense, al confirmarse que una sola dosis lograría la protección esperada.
Así lo sugieren los resultados preliminares de un estudio liderado en Costa Rica por la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas (ACIB) en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos.
Los hallazgos revelan que una única aplicación ofrece una protección similar a la de dos dosis contra los tipos 16 y 18 del virus, responsables de más del 70% de los casos de cáncer cervicouterino a nivel mundial.
En 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó $912 mil (equivalentes a ¢455 millones, según el tipo de cambio actual) para adquirir 81.414 dosis. De confirmarse la eficacia de una sola dosis, la mitad de esa cantidad podría cubrir la misma población objetivo, generando un ahorro sustancial.
“Reducir la vacunación a una sola dosis representa una estrategia más eficiente, accesible y escalable para salvar vidas”, afirmó Carolina Porras, directora de Investigaciones Biomédicas de ACIB.
El estudio, que abarcó más de 50 cantones y contó con la participación de 20.000 mujeres de entre 12 y 20 años, demostró una eficacia superior al 95%, tanto con el esquema de una dosis como con el de dos.
Pese a la solidez de los resultados preliminares, Costa Rica no ha modificado oficialmente su esquema de vacunación.
En la sesión ordinaria No. 03-2024 de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), se acordó mantener la administración de dos dosis a las niñas, bajo el argumento de que en ese momento no existía suficiente respaldo científico para realizar el cambio.
¿Por qué se rechazó en el país?
Según explicó Ricardo Pérez, representante de Farmacoterapia de la CCSS ante la CNVE, “no existe evidencia científica concluyente” que avale la reducción a una sola dosis. Además, advirtió que realizar el cambio iría en contra de las recomendaciones del fabricante y de las agencias reguladoras internacionales.
Ante este panorama, la comisión acordó retomar el análisis seis meses después. Sin embargo, hasta la fecha no consta que el tema haya sido nuevamente discutido.