Vacío legal permite que imputados publiquen libros sobre víctimas

En Costa Rica no existe una norma que impida a una persona imputada publicar un libro sobre el caso judicial en el que está vinculada. Especialistas en derecho coinciden en que la Constitución Política protege la libertad de expresión y de publicación, aunque con ciertos límites.

El abogado Adrián Quesada explicó que un juez podría imponer medidas cautelares si la obra interfiere en la presunción de inocencia o afecta el proceso, pero estas deben ser solicitadas por el Ministerio Público o por los representantes legales de las víctimas. 

Asimismo, si la publicación señala a terceros, podría abrir la puerta a demandas por difamación o calumnias.

Otro punto señalado es que las víctimas tienen la opción de reclamar, en sede civil, las eventuales ganancias generadas por la venta del libro como parte de los daños y perjuicios.

“En Costa Rica no existe una ley similar a la llamada Son of Sam de Estados Unidos, que impide a los acusados lucrar con la narración de sus delitos. Hoy la única vía posible es indirecta: acciones civiles de las víctimas, medidas cautelares o eventuales reformas legales”, dijo Quesada.

Por su parte, el abogado en derecho digital Juan Durango sostuvo que el imputado tiene derecho a escribir un libro y expresar lo que desee, incluso si incluye falsedades, ya que estas no constituyen delito por sí mismas. 

Aclaró que el límite se encuentra en los delitos contra el honor establecidos en el Código Penal, que protegen tanto a personas vivas como fallecidas. También subrayó que la legislación sobre datos personales resguarda la intimidad de las víctimas aun después de su muerte.

Durango advirtió, además, que durante la etapa preliminar los expedientes judiciales son confidenciales; por lo tanto, revelar detalles en esa fase podría constituir un delito. Reconoció que habría que precisar en qué etapa se encuentra el caso Cedeño, pero insistió en que la confidencialidad es un factor clave.

Finalmente, la abogada y académica Larissa Arroyo, especialista en derechos humanos y género, indicó que, si bien existen mecanismos legales para actuar contra este tipo de publicaciones, estos solo pueden aplicarse de manera posterior y no preventiva. A su juicio, este panorama implica una revictimización, ya que obliga a las familias a iniciar procesos judiciales que son costosos y desgastantes. Señaló que no todas las familias cuentan con los recursos para contratar especialistas en derecho penal, mientras que la Fiscalía no siempre asume directamente estas gestiones. Advirtió que esta combinación de factores podría dejar el caso sin consecuencias prácticas, permitiendo que el imputado continúe lucrando con el libro.

La polémica tomó fuerza luego de que se conociera la publicación de un libro escrito por Harry Bodaan, uno de los sospechosos del femicidio de la doctora María Luisa Cedeño.