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La independencia judicial no admite excepciones geopolíticas.
Dos noticias recientes desde Brasil y Costa Rica -distintas en circunstancias pero similares en trasfondo- nos invitan a reflexionar sobre la delgada línea entre la defensa de la democracia y las prácticas que, en su nombre, pueden terminar socavando sus fundamentos.
En Brasil, la amenaza de aranceles comerciales que Estados Unidos dejó entrever ante el avance del juicio contra un expresidente desató el debate sobre la legitimidad de influencias externas en procesos judiciales internos. En Costa Rica, la noticia de la retirada de visas a funcionarios judiciales, en medio de la discusión en la Sala Constitucional sobre el tema del 5G, ha generado preocupaciones similares: ¿es solo una coincidencia diplomática o un mensaje sobre las consecuencias de un potencial fallo contrario a ciertos intereses?
Cada Estado es soberano para emitir y revocar visas. Ese principio es inobjetable. Pero cuando esa potestad se ejerce en momentos delicados -como cuando un tribunal estudia un tema de interés geopolítico o comercial-, la acción podría percibirse como un intento de condicionar a quienes deben decidir con plena independencia. Y en el ámbito judicial, tan grave como la injerencia real es la percepción de un conflicto de interés.
La independencia judicial significa que ningún poder -interno o externo- debe tener la capacidad, real o aparente, de condicionar las decisiones de un juez. Cuando se relativiza este principio, bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, la seguridad o la protección de intereses estratégicos, se abre la puerta a la normalización de presiones indebidas.
Hoy, este tema puede parecer lejano. ¿Qué tienen que ver la amenaza de aranceles en Brasil o la política de visas en Costa Rica con nuestra vida diaria? Mucho más de lo que parece. Cuando la independencia judicial se compromete, lo que está en juego es la confianza ciudadana en un sistema donde las reglas sean iguales para todos. ¿Qué justicia tendríamos si las decisiones de los jueces se vieran influenciadas por presiones económicas, diplomáticas o políticas? ¿Y si esas presiones provinieran del crimen organizado?
El poder blando, cuando se usa para condicionar al poder judicial, deja de ser blando.
Una de las verdades fundamentales que sostienen la democracia es la certeza de que “la justicia es ciega”, que no se inclina deliberadamente por intereses personales. Pero ¿cómo asegurar esa imparcialidad cuando un juez percibe que su situación personal, su familia o sus oportunidades están amenazadas? ¿Seguirán decidiendo objetivamente o incluirán en sus “por tanto” los cálculos necesarios para protegerse? El riesgo para quienes buscan justicia -así como para el país y para la Historia- es inmenso.
Defender la justicia imparcial es, al final, un acto de defensa propia para cualquier democracia que aspire a perdurar.
La utopía de hoy: un país donde la justicia siga siendo ciega y sorda… pero nunca muda.
“¿Qué justicia tendríamos si las decisiones de los jueces se vieran influenciadas por presiones económicas y políticas?”.