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Fiorella Salazar Rojas
Exministra de Justicia y Paz
Hay personas a las que podría ser fácil odiar.
Cuando alguien ha cometido un delito, especialmente uno que nos indigna, sentimos que quien hizo el daño merece nuestro desprecio. Que la cárcel es el lugar donde debe estar y que “ojalá se pudra ahí”.
Pero la manera en que tratamos a quienes están en una cárcel dice mucho más de nosotros que de ellos.
Ningún delito merece justificación, ni desaparecen sus consecuencias porque intentemos comprender a quien lo cometió. Hay víctimas, hay daños irreparables y hay responsabilidades que deben asumirse.
La justicia tiene que existir. Pero justicia no es sinónimo de venganza.
Vivimos de espadas a las paredes de las cárceles, como si fueran el patio trasero de la sociedad, el lugar donde tiramos aquello que “desechamos”. Pero hay algo que no podemos tirar allí: la responsabilidad que tenemos sobre lo que sucederá después.
Porque las paredes de una cárcel no son una frontera permanente. Quienes están privados de libertad, algún día saldrán.
Se cruzarán con nosotros por la calle. Se subirán a nuestros buses. Buscarán trabajo. Comprarán en los mismos supermercados que nosotros. Vivirán en nuestras comunidades.
Y entonces tendremos que convivir con aquello que hayamos ayudado a construir durante los años que estuvieron encerrados. Esa es la parte que se nos olvida.
En las cárceles hay personas que estudian, trabajan, hacen arte, aprenden oficios y construyen pequeños emprendimientos. Miles de personas se han graduado en primaria, noveno año, bachillerato e incluso en carreras universitarias.
Muchos están intentando hacer algo que quienes estamos afuera damos por sentado: imaginar un futuro diferente.
Y cuando alguno consigue hacerlo, no solamente gana esa persona. Ganamos todos.
Porque si llegamos tarde como sociedad para prevenir que se cometiera un delito, entonces el verdadero éxito de una cárcel no puede medirse solo por cuántas personas encierra, sino por cuántas logra que no vuelvan.
La cárcel no es una bodega. Es un proceso.
Por eso preocupan y avergüenzan las imágenes de personas privadas de libertad humilladas por las propias autoridades penitenciarias, quienes, por el contrario, deben garantizar dignidad y oportunidades. Son quienes, desde el Estado, tienen responsabilidad de sembrar aquello que más tarde el resto de la sociedad va a cosechar.
El Ministerio de Justicia y Paz no está llamado a aumentar, por su cuenta, el castigo que los jueces ya impusieron en una sentencia.
El poder de custodiar a una persona privada de libertad no es el poder de humillarla.
La autoridad penitenciaria puede y debe ejercer control, imponer disciplina, reaccionar ante conductas que violen las reglas.
Pero administrar una cárcel no significa administrar personas como si hubieran dejado de serlo.
JUSTICIA no consiste solo en encerrar. Y la PAZ no se construye denigrando a quienes el Estado tiene bajo su custodia.
Odiar a quienes están en prisión puede hacernos sentir que estamos del lado correcto. Pero el odio no educa. No sana a las víctimas. No reconstruye lo perdido. No previene el próximo delito.
Y, sobre todo, el odio no se queda dentro de la cárcel.
Cuando las personas cumplan sus sentencias, saldrán. Y llevarán consigo lo que hayan vivido.
Porque el mundo es redondo. Y algún día, esas puertas se abrirán.
La utopía de hoy: que la ley y la dignidad sean los límites del poder.