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Fiorella Salazar Rojas
Exministra de Justicia y Paz
Hace algunos años, la pregunta habría sonado absurda. Pero en Costa Rica, desde hace un tiempo, se acumulan señales inquietantes.
Criticar a los gobiernos es un “deporte” ampliamente practicado en las democracias, un signo de su buena salud. Escribir una columna incómoda, hacer una caricatura, ir a un plantón, apoyar a diferentes partidos; en definitiva, disentir sin miedo a expresarlo es un derecho consagrado en la Constitución.
Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los casos de personas o espacios críticos del Gobierno que han denunciado consecuencias para sí mismos o sus entornos, que atribuyen a sus posiciones o manifestaciones.
Hagamos un modesto inventario:
“Prensa canalla”, como se ha etiquetado a los medios críticos, al tiempo que Costa Rica cae en los índices internacionales de libertad de prensa.
El espacio de sátira política “Chinaoke”, que perdió parte de su patrocinio institucional tras algunas de sus intervenciones. La Sala Constitucional falló a su favor y determinó que la decisión vulneró la libertad de expresión.
Una exministra de Comunicación que filtró audios fue destituida y denunció persecución; posteriormente, otra exjerarca manifestó haber recibido presiones desde Casa Presidencial para despedir al esposo de la exministra.
El propietario de un medio de comunicación enfrentó un proceso por un supuesto caso de mega evasión fiscal, cuya denuncia se originó en un Tik Tok, y que posteriormente fue objeto de una solicitud de sobreseimiento por parte de la Fiscalía.
Una periodista crítica denunció intentos de silenciamiento que finalmente terminaron con el cierre de su programa radial, que había estado al aire durante dos décadas.
Ciudadanos, funcionarios públicos y activistas políticos han denunciado seguimientos, intimidaciones o presiones vinculadas, según sus propios testimonios, con sus posiciones o actuaciones institucionales o políticas. Algunos han manifestado haber sufrido afectaciones su salud; otros han salido del país, e incluso han solicitado o ya recibido protección internacional, alegando persecución política.
Exdiputados han relatado amenazas, intimidaciones, pérdida de clientes en su ejercicio profesional o persecución en redes sociales, episodios que ellos mismos han vinculado con su actuación como oposición legislativa o con sus críticas al Gobierno.
Ciudadanos. Funcionarios públicos. Periodistas. Medios de comunicación.
Todas son historias distintas. Tienen actores distintos. Pero todas tienen algo en común: alguien que incomodó al poder terminó enfrentando un costo.
Que el Gobierno se moleste por las críticas es comprensible. Que las personas teman expresarlas es inaceptable.
¿A usted le ha pasado pensar en algo así?: “Mejor no pongo eso en Facebook”. “Mejor no le doy “Like” por si me rastrean”. “Mejor no digo que estoy en contra, alguien aquí me puede oír”. “Para qué me voy a meter eso?”.
Ninguna de esas frases es una amenaza. Nadie nos las dijo. Nos las dijimos nosotros mismos.
Esa es la autocensura: Nadie nos manda a callar, basta con que aprendamos a hacerlo solos por lo que vemos que les sucede a los demás.
El problema es que una democracia puede preservar la letra de la ley -el derecho a expresarnos- y perder su espíritu: la libertad real de ejercerlo sin miedo.
El inventario recoge hechos, denuncias y testimonios que han circulado públicamente en medios de comunicación nacionales y redes sociales en Costa Rica. Hacernos de la vista gorda porque (aún) no nos afecta directamente es mirar hacia otro lado mientras el precio de ejercer la libertad de expresión lo están pagando quienes se arriesgan para ponernos a pensar.
La utopía de hoy: que en Costa Rica, para decir lo que pensamos, no haga falta ser valientes.