Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Hay momentos en los que los hechos se acumulan e invitan a preguntarse: ¿hay un patrón detrás? Veamos.
2023: un hecho. El Banco Central pidió a la SUGEF acceso a información individualizada sobre créditos de personas físicas y jurídicas. La PRODHAB dictó una medida cautelar sobre la entrega de esos datos.
2025: dos hechos. Primero, Hacienda solicitó a operadores de telecomunicaciones datos masivos de clientes (identificaciones, teléfonos, correos, domicilios). Los operadores alegaron una violación a la Ley de Protección de Datos. Segundo, Hacienda pidió al Banco Central los números de SINPE Móvil con más de 100 transacciones mensuales.
2026: dos hechos. Primero, para asistir al traspaso de poderes el 8 de mayo, se usó una App que requería registrar nombre, cédula, correo y teléfono. Segundo, Hacienda pone a consulta pública una propuesta para que los contribuyentes registren los números telefónicos vinculados a medios de pago, como SINPE Móvil.
Cédula, celular, correo, domicilio, medios de pago, patrones de transacciones, asistencia a eventos. Cuando se observa el conjunto, es válido preguntarse: ¿qué hará el Estado con toda esta información en la era de la Inteligencia Artificial? Y, sobre todo: ¿por qué quiere saber tanto de nosotros?
2026: tres hechos. Primero, Hacienda anuncia que vendrán tecnologías “desarrolladas por el Mossad” para detectar el contrabando relacionado con las importaciones; días después afirmó que la idea estaba aún en fase de exploración. Segundo, tras una consulta de la oposición, en el Plenario Legislativo una diputada oficialista menciona la “Operación Pegasus”.
Posteriormente, la Presidencia niega que el Gobierno tenga contratado ese software. Tercero, se emite un decreto que declara secreto de Estado la información de seguridad nacional.
Hasta hoy, no hay pruebas públicas de que el Estado costarricense esté espiando a su población, pero la suma de hechos genera dudas, alimentadas por dos declaraciones públicas recientes: por un lado, un ministro afirmó que el Gobierno ya tenía “identificados” a opositores, a quienes llamó “zurdos” y “abolicionistas”; por otro lado, el secretario del partido oficialista dijo tener información sobre opositores que asistieron al traspaso de poderes.
Estas afirmaciones, por sí solas, no confirman un sistema de vigilancia. Pero sumadas al resto de hechos, alimentan una suspicacia que empieza a convertirse en preocupación.
Sí, queremos un Estado más eficiente, pero no a costa de perder la tranquilidad. La paz no consiste únicamente en caminar por la calle sin miedo a la delincuencia. También es vivir sin sentir que un ojo gigantesco nos observa.
En la Costa Rica que nos heredaron los abuelos se disfrutaban con tranquilidad los derechos que garantiza la Constitución, sin temor a persecución ni a que alguien profiriera amenazas por ejercerlos.
Por eso, para cerrar esta suma, hay que preguntarse: ¿cuánto confiamos en quienes piden nuestros datos? Y, sobre todo, ¿qué tanto confiamos en el uso que van a hacer de ellos?
La utopía de hoy: que, aunque el río suene, no traiga piedras.