Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El gobierno actual propone proyectos de ley para incrementar los ingresos fiscales, que en la Asamblea Legislativa chocan con los diversos intereses diputadiles.
Aunque Hacienda ha hecho esfuerzos propios por aumentar la recaudación tributaria, no han sido suficientes y están centrados en la misma base de contribuyentes, dejando por fuera a quienes se esconden y no pagan ni un cinco.
Existe una forma indirecta de incentivar que los contribuyentes presenten sus declaraciones con la utilidad más aproximada a la real, mediante el establecimiento de las “Utilidades declaradas al Fisco como único medio de prueba de los contribuyentes en eventuales reclamos o litigios ante el Gobierno o entre privados”.
También se debe establecer el histórico de utilidades fiscales como un requisito a presentar en toda licitación del Estado y sus instituciones, al cual se le asigna un porcentaje válido en la calificación total de la oferta. Porque si una empresa gana constantemente licitaciones y no demuestra una utilidad congruente con sus ingresos, entonces no merece ser considerada en futuras contrataciones, por ser un mal riesgo negociar con empresas ineficientes.
La medida también es útil cuando se debe desalojar a una empresa para hacer una obra de gobierno, como una carretera, por ejemplo.
El caso de un bar al costado del Aeropuerto Juan Santamaría es el típico caso de un histórico casi nulo de utilidades fiscales anuales, pero cuando viene el desalojo presentan un “estudio económico” del daño económico por sumas enormes que nunca se ganaron según los reportes en la D.101 del impuesto sobre la renta.
En cambio, si reglamentariamente se establece que el daño económico se fija con base en el histórico de utilidades reportadas al Fisco, se induce desde ahora a un mejor comportamiento fiscal y a grandes economías del Gobierno si no modifican su historial.