Uso personal de abogados municipales y posible delito de probidad: Esto es lo que se investiga contra el alcalde de San José

El alcalde de San José, Diego Miranda, habría utilizado dos abogados municipales para que le defendieran en una audiencia privada, esto mientras cobraban su salario de los fondos públicos y autorizados por el propio Miranda.

Este es el caso que la Procuraduría General de la República estudia contra el jerarca municipal, pues podría constituir un delito por abuso de autoridad y falta al deber de probidad, esto por un aprovechamiento indebido de recursos para atender un conflicto personal.

La investigación desató un proceso sancionatorio que, tras varios meses y múltiples intentos por frenarlo, finalmente tiene el camino libre para resolverse y someterse a su votación definitiva.

¿Qué es el delito contra el deber de probidad?

El deber de probidad se define como la obligación que tienen los funcionarios públicos de “orientar su gestión a la satisfacción del interés público”, por lo que se sanciona el no “administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”

Caso contra alcalde de San José

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) relata en su expediente Expediente DEP-177-2024, al cual Grupo Extra tuvo acceso, que el alcalde Diego Miranda, acudió a una comparecencia virtual el 15 de noviembre, esto acompañado de Luis Vega y María Jesús Ramírez, ambos como abogados a cargo del caso privado contra el alcalde, esto pese a ser funcionarios municipales.

Ante esto, la PEP acusó a Miranda de un “aprovechamiento indebido de la función pública”, esto por emplear en provecho los servicios de sus subalternos, pues la comparecencia trataba un tema no relacionado con su cargo municipal.

“Se desvió el fin público hacia sus intereses particulares, cuando se aprovechó indebidamente de cargo público para beneficio personal, otorgándole un poder a sus subalternos, ambos abogados de la Municipalidad de San José, para que se desviaran del interés público y se apersonaran en horario laboral ante la Procuraduría de la Ética Pública, a una audiencia privada que tenía como fin, esclarecer los hechos de una investigación preliminar que se estaba realizando, con motivo de un posible acto de corrupción denunciado y en el que figuraba el alcalde como presunto investigado”, señala el expediente contra Miranda.

Presidencia interviene en el caso

Durante el proceso para una investigación sancionatoria desde el Concejo Municipal, el alcalde de San José recursó a los regidores por un posible conflicto de intereses en caso de tener que votar esta sanción administrativa, pues según argumentó Miranda, ellos ya habían votado otra amonestación en el pasado.

Según consta en la resolución de Laura Fernández, bajo el documento DP-R-005-2026 al cual este medio tuvo acceso, “el señor Miranda alega que los regidores propietarios ya actuaron como Órgano Decisor en un procedimiento administrativo anterior en su contra, en el cual le impusieron una sanción disciplinaria de 15 días sin goce de salario. Sostiene que esa actuación previa no es neutral, sino que implica una toma de posición clara sobre su conducta. Argumenta que dicha intervención genera un sesgo previo que impide que el Órgano Decisor pueda conocer un nuevo procedimiento con objetividad”.

¿Qué es una recusación?

Según define el Poder Judicial, “la recusación es un instituto jurídico-procesal, cuya finalidad es garantizar la imparcialidad de la persona juzgadora. El objetivo es evitar la participación de jueces que no sean imparciales, es decir, que tienen un interés con respecto al resultado”.

Presidencia intervino al ser el superior jerárquico del Concejo Municipal de San José

El proceso de recusación, presentado por el alcalde de San José en febrero del 2026, debía ser resuelto por Presidencia al ser el superior jerárquico más cercano, razón por la cual Fernández determinó que si existe validez en que los regidores investiguen a Miranda.

“No existen hechos individualizados y debidamente comprobados, más allá de la mera percepción del recusante, que hagan dudar a esta autoridad de la probidad de todos, algunos o algún concejal como para separarlos del conocimiento del presente asunto”, detalla la resolución de la presidenta.

¿Qué sigue para el alcalde de San José?

Tras la aprobación de Laura Fernández para proseguir con la investigación y posible sanción contra el alcalde de San José, Diego Miranda, el regidor capitalino Juan Diego Gómez relató que el Concejo Municipal podrá retomar la investigación por los aparentes delitos de probidad y abuso de autoridad.

“La recusación con la que el alcalde de San José pretendía que el Consejo Municipal no viera una sanción en su contra fue rechazada. Un rechazo que era evidente que se veía venir porque el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que el Consejo Municipal puede sancionar al alcalde”, detalló Gómez.

Según explicó, a partir de la decisión de Presidencia, se retomará el Órgano Director contra Miranda, y que definió “que se hizo uso de abogados municipales en horario laboral para un tema personal del alcalde”.

Posterior a ello, serán los regidores quienes deberán decidir si acogen o no dicha sanción contra el alcalde de San José.

Segunda sanción contra Miranda

En caso de que el Concejo Municipal acoja las recomendaciones del Órgano Director, esta sería la segunda sanción contra el alcalde de San José, Diego Miranda, tras un primer procedimiento donde se le impuso 15 días sin goce salarial.