Uso de reservas del IVM equivale a deuda del Estado del 2018

En 2025, se consumieron ¢50 mil millones del fondo

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Para el 2025, la Caja Costarricense del Seguro Social utilizó ¢50 mil millones de recursos de las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el pago de las pensiones de los costarricenses. 

Dicha cifra equivale al monto de la deuda del Estado con la institución que data del 2018, según indicó Jaime Barrantes, gerente de pensiones, en la sesión ordinaria No 9574. 

“Por ejemplo, en este momento, lo que estamos utilizando de reserva es un monto que corresponde al saldo de la deuda del 2018 que hemos estado negociando con Hacienda. Para este año la hacienda ya hizo el esfuerzo en presupuestar el 100%, más el incremento de la prima, uno esperaría que este año no se toquen las reservas”, mencionó Barrantes. 

La gestión de dicho compromiso financiero es una de las propuestas que presentó el Comité de Vigilancia de la CCSS ante la Junta Directiva de la institución para garantizar la sostenibilidad del régimen. 

A mayo del 2025, la deuda alcanzaba los ¢770 mil millones. 

Sin embargo, Ubaldo Carrillo, director de pensiones, indicó que la situación representa un 20% de los problemas del IVM. 

Por esto, se presentaron cinco recomendaciones más. Entre ellas, destaca que la estructura de financiamiento del régimen se constituya solo por los trabajadores y los patronos, trasladando el porcentaje asignado al Estado al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).

La propuesta mueve el 1,75% del gobierno al SEM, reduciendo la cuota del trabajador, pero se mueve al IVM. 

“Es como un intercambio de primas y eso le da certeza al régimen básico. Algunos pueden decir, ‘le mete ruido al seguro de salud para cobro al Estado’, pero acordémonos que la salud es universal y lo universal se financia con lo universal y el IVM no es universal. El IVM es un régimen que cubre a la población formal y evidentemente esa población debería de financiar sus propias pensiones con cotizaciones de los patronos que los contratan y que ellos aportan como individuos”, explicó Carillo. 

Otro de los puntos discutidos fue la reducción de la tasa de reemplazo del primer pilar del sistema de pensiones. El mecanismo sugerido es multiplicar la prima tripartita del 11,66% por 3 o 3,5, lo que daría un monto final del 40,81%. 

Dicha cifra representa el porcentaje del ingreso laboral que los costarricenses tendrían disponibles al jubilarse. Los miembros del comité resaltaron que se le debe sumar el monto que otorga el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC). 

“La tasa de reemplazo actual no corresponde, no es proporcional a las primas que se pagan. Aquí la recomendación es que debe establecerse técnicamente y tienen que ser conforme a las primas que recibe la institución”, agregó Vanegas. 

Además, plantean que el aporte de los pensionados al Seguro de Salud sea asumido por las personas que reciben el dinero y no por el fondo del IVM, para la cual se requiere una modificación en la Ley 6.230, por lo que la propuesta debe pasar por la Asamblea Legislativa. 

Incluso, recomiendan conformar un equipo de trabajo que analice los informes de las Auditorías Internas y la Superintendencia de Pensiones que revelaron deficiencias en el sistema de controles y la gestión de inversiones. 

Problemas de sostenibilidad

Estudios actuariales marcaban como punto crítico el momento en que se agote la reserva del fondo para complementar las cotizaciones al momento de pagar las pensiones. El escenario estaba previsto para el 2047, sin embargo, lo presenciado en el 2025 adelanta la fecha estimada. 

“En el transcurso de la existencia del IVM se han asumido obligaciones que no fueron originalmente incorporadas, como es el tema del costo del aseguramiento de salud, el aguinaldo y pensiones proporcionales. Se generó un desequilibrio entre la prima que se está cobrando e incide en la capitalización de los aportes y el aprovechamiento del bono demográfico que ya no lo tenemos”, comentó Vanegas. 

Actualmente, la reserva del fondo es de ¢2,5 billones y cuenta con una razón de solvencia del 56%. El indicador mide la capacidad de la institución de cumplir con sus obligaciones a largo plazo. 

¿Cuál es el plan de Laura Fernández?

La nueva presidenta electa del país, Laura Fernández, indicó que, ante los problemas de sostenibilidad del IVM, una de sus propuestas es la venta del Banco de Costa Rica y dirigir los recursos al fondo de pensión. 

“No quiero que el pueblo de Costa Rica se pensione a los 70 años, ni que le aumenten las cuotas los patronos y trabajadores. No es vender las joyas de la corona sin antes aprobar un paquete de proyectos de ley que deben acompañar la capitalización del régimen. Muy bien sabemos la presión demográfica del país donde cada vez es más caro sostenerlo por la longevidad de la población y una tasa baja de natalidad, donde tenemos menos nacimientos y una población económicamente activa más pequeña”, señaló.