Por mayoría, los diputados aprobaron este martes el uso del polígrafo, también conocido como detector de mentiras o máquina de la verdad, para que sea usado como una herramienta de reclutamiento de personal de las fuerzas policiales del país.
Dicha propuesta fue impulsada por la legisladora independiente Zoila Volio, quien explicó que su objetivo consiste en ayudar a los distintos entes policiales del país a evitar filtraciones en sus organizaciones.
Enfatizó que no se puede ocultar cómo uno de los mecanismos utilizados por el crimen organizado es la infiltración en los cuerpos policiales, de manera que esos espías suministran información a los delincuentes sobre investigaciones, posibles allanamientos, entorpecen procesos y desaparecen pruebas.
Volio recalcó que el sometimiento a la prueba es voluntario y no podrá ser utilizado para el despido de ningún funcionario.
Así las cosas, el detector de mentiras se aplicará para la Policía de Fronteras, la Dirección de Armamento, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Policía Profesional de Migración (PPM), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
POLÉMICA
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el frenteamplista José María Villalta rechazaron la iniciativa e insistieron en que contraviene toda la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos.
La oficialista Paola Vega recalcó que en otros países el polígrafo es un instrumento deslegitimado, poco fiable y poco serio, tanto en el ámbito privado como en materia de derecho.
“Es un instrumento violatorio de derechos humanos y que puede conducir al error, por medir aspectos involuntarios del ser humano”, aseveró.
Recordó que la Procuraduría General de la República alertó que el proyecto podría tener vicios de inconstitucionalidad y que sería un retroceso en materia de derechos humanos.
Además, lamentó que abre un portillo para que se pueda aplicar en otras instancias.
Por su parte, el diputado Villalta calificó como nefasta la iniciativa y cuestionó que fuera voluntaria su aplicación, ya que permitiría despedir a los oficiales si estos se niegan a pasar la prueba. Cuestionó que se le atribuya a un artefacto seudocientífico determinar la conducta moral y transparencia de los agentes.
La diputada Volio rechazó los cuestionamientos y subrayó que la aplicación no tiene nada que ver con los derechos humanos ni el derecho a la intimidad pues solo busca ayudar a las fuerzas policiales.