La alta gerencia de Coopeservidores habría entregado tarjetas de crédito corporativas a un grupo de funcionarios para ser empleadas en gastos ajenos a la empresa, de acuerdo con una auditoría externa.
Así se detalla en el documento de la orden de allanamiento (Expediente: 24-000017-0621-PE), del cual este rotativo tiene copia.
Para usarlos se habrían tomado de la cooperativa hasta ¢165 millones, divididos en ¢83 millones y $157 mil (¢82 millones al tipo de cambio actual), según el informe.
“Conforme al auditoraje externo, se denunció el otorgamiento de tarjetas de crédito corporativas a un grupo de altos funcionarios de la cooperativa, no teniendo políticas o disposiciones oficiales para la utilización de estas tarjetas y no constituyendo un beneficio laboral”, se extrae del documento.
“(…) sin mediar algún control o límite adecuados, concluyéndose que se dieron gastos con dineros de la cooperativa Coopeservidores, R.L. que no corresponden con el giro comercial o con las labores propias de la cooperativa”, agrega.
Eso sí, no se especifica para qué se utilizaron dichas tarjetas.
Este es solo uno de los lujos y beneficios que tenían altos funcionarios, de acuerdo con el informe.
Autoridades judiciales habían adelantado la compra de 10 vehículos de alta gama para gerencias de la cooperativa por un monto cercano a $167 mil.
Sin embargo, para el exgerente de Coopeservidores, de apellidos Hidalgo Chaves, se solicitó un vehículo valorado en $124 mil.
“(…) que fue asignado para su uso discrecional, a pesar de que ya contaba con dos vehículos de alto valor para dicho uso discrecional y de reciente adquisición (2020)”, se lee en el texto.
MÁS LUJOS
Otro de los puntos que revela la auditoría externa se refiere a cambios estructurales que se habrían realizado en la oficina del exgerente.
“(…) incluyeron: una sala de espera con muebles de lujo y alto valor, una oficina principal con acabados de alta calidad, un baño privado con walk-in closet y ducha, una sala de meditación y una cocina privada de lujo completamente equipada”, agrega el reporte.
913 BOTELLAS DE LICOR
Además se expuso la adquisición y almacenamiento de 913 botellas de licor en las instalaciones de la cooperativa, las cuales no tendrían relación con la actividad de la organización.
“Este gasto de licor es claro que no contó con un control de la Alta Gerencia o en cuanto a su pago o abastecimiento, siendo que no existe fundamento para que se dieran estas compras, y mucho menos para que se procediera a almacenarlo directamente en las instalaciones indicadas.
Se descubrió que Coopeservidores adquirió y almacenó una gran cantidad de licores en diferentes bodegas de la cooperativa, hallazgo que demuestra el empleo indebido del dinero de Coopeservidores, R.L.”, señala el informe. Este hallazgo genera sospechas sobre un uso indebido de los fondos de la empresa para fines no relacionados con sus objetivos sociales y financieros, según el documento.
“La adquisición y almacenamiento de una gran cantidad de licores representa una desviación de los recursos de la cooperativa, contraviniendo los principios de transparencia y buen gobierno que deberían regir la administración de Coopeservidores, generando un impacto financiero significativo en la cooperativa”, indica el informe.
De igual manera, entre las actuaciones que denunció la intervención están el otorgamiento de bonos, equipos de cómputo y otros bienes.
“Como parte del despido o renuncia del empleado a la cooperativa, en cuanto a este punto existieron pagos a personas que fueron despedidas que se salen de la normalidad”, añade.
MEDIDAS
A pesar de que la Fiscalía planteaba que se debía imponer presión preventiva a cuatro de los imputados, esta solicitud no fue acogida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial.
Un total de siete personas quedaron libres sin medidas cautelares, además cuatro tienen impedimento de salida del país, deben firmar una vez al mes y entregar el pasaporte por un año. En el caso de Hidalgo Chaves, exgerente de Coopeservidores, es uno de los cuatro imputados a los que se les impusieron medidas cautelares.
“El juez fue justo y la medida que le impusieron es porque actualmente no tiene trabajo”, detalló el abogado Gustavo Corella.
A las tres personas de Coopefenix que se les imputan cargos tampoco se les dictó prisión preventiva.
El jurista confirmó que su representada de apellido Corredera Ramos, quien laboró para Coopefenix, quedó en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar.
LAS PENAS
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual señala delitos de administración fraudulenta y estafa mayor.
• Con prisión de dos meses a tres años si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base.
• Con prisión de seis meses a diez años si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base.
• Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público.
ENTRE LUJOS
• Vehículos de alta gama
• Tarjetas de crédito corporativas para funcionarios
• Remodelaciones para la oficina del exgerente
• 913 botellas de licor en las instalaciones
• Entrega de bonos a directivos