La Municipalidad de Paraíso, en Cartago, decidió realizar la compra de un vehículo con los fondos otorgados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el mantenimiento de carreteras.
Así lo señalan múltiples denuncias por parte de miembros del Concejo Municipal, así como un documento emitido por la asesoría legal del gobierno local, quien aseguró que la legislación se los faculta.
Según comentó Luis Diego Calderón, regidor de Paraíso, el gobierno municipal habría utilizado el dinero que se otorga mediante la Ley N.º 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributarias para efectuar esa compra a la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGN), sin embargo, el automotor habría sido utilizado por otras áreas de la entidad.
“Lo que planteé fue una solicitud de información que de hecho se me respondió con un informe de la asesora legal del alcalde, Adriana Ramírez, que para mí no tiene ni pies ni cabeza”, indicó Calderón a Diario Extra.
En dicho documento de respuesta, el municipio adujo que: “La ley permite que los bienes adquiridos con estos fondos se utilicen en áreas que contribuyan de manera indirecta a la gestión administrativa y operativa de la municipalidad; el uso del vehículo por parte de la administración municipal no constituye un desvío de los recursos, ya que este activo es necesario para el desempeño eficiente de las funciones municipales”.
El texto remitido al Concejo también agrega que el marco legal los faculta a utilizar “el financiamiento de dependencias técnicas y la adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de estas funciones”.
Sin embargo, la respuesta del alcalde Michael Álvarez ante la consulta de este medio fue muy diferente, pues negó que el bien mueble se hubiese adquirido con los recursos que la misma asesoría legal confirmó.
“Con respecto a los fondos, eso es totalmente falso, obviamente eso no es así”, contestó el jerarca del gobierno local.
Reubican funcionarios
Sumado al uso de dinero de la institución en la compra vehicular, la Municipalidad de Paraíso decidió pasar a otra área “temporalmente” a dos funcionarios de la UTGV, esto bajo la justificación de realizar labores relacionadas a la vialidad del cantón, pero desde otros proyectos.
Así lo consignó un informe de la auditoría interna del gobierno local, donde se advierte que, al movilizar a los trabajadores, se estaría incumpliendo lo establecido en la Ley N.º 8114, ya que los dineros otorgados por Conavi solamente se pueden utilizar para el mantenimiento vial.
“Esta auditoría advierte que se establece claramente que, de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará 22,25% a favor de los gobiernos locales, para la atención de la red vial cantonal, lo cual incluye el salario del personal que forman parte de dicha unidad”, se lee en el texto firmado por Sandra Solís.
Los trabajadores del ayuntamiento cambiados de sitio serían Paula Quirós y Jorge Pérez, ambos de la UTGV, y que se desempeñarían en el Departamento de Servicios Comunales y Departamento de Gestión Ambiental respectivamente.
Sobre ello, el alcalde indicó a Diario Extra que esta decisión responde a que el gobierno local se encuentra trabajando en una iniciativa vial fuera de la unidad especializada, por lo que el cambio se debe a necesidades de esa construcción.
“Nosotros estamos con el proyecto BID-MERO donde dos funcionarios están apoyando el proyecto como tal, esto en tareas operativas que también son parte del proyecto vial donde se requieren”, recalcó Álvarez.
Además, la asesoría legal argumentó que “el movimiento de los servidores municipales satisface una necesidad real sin causar ningún perjuicio a la administración, además, de que están realizando las mismas funciones”.
El regidor Calderón expresó que esta situación ya había sido denunciada por junto a la compañera de bancada del Partido Liberación Nacional, Silvia Arce, así como los también regidores, Agustín Siles, de la Unidad Social Cristiana, y Aldo Mata, del Liberal Progresista.
Dicha denuncia se dio en setiembre de 2024, sin embargo, Calderón indicó que “nadie me escuchó, la administración hizo oídos sordos y se justificó, hasta hoy es que ya la auditora admite una advertencia después de que ella regresa en diciembre a sus funciones tras una licencia de maternidad, y señala que yo tengo razón, que eso rozaba en ilegalidades”.
