Usan amenazas de bomba para atrasar juicios 

Uno de los retos consiste en destinar recursos a mejora de seguridad en edificios

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Poder Judicial actualizó protocolo para atención de eventos

Las llamadas por amenazas de bombas son utilizadas para retrasar el avance de los juicios de organizaciones criminales, de acuerdo con información del Poder Judicial. 

Diario Extra conversó con Edward Rodríguez, jefe del Departamento de Seguridad del Poder Judicial, quien aseguró que reciben entre ocho y 15 alertas por estos incidentes al año.

La situación de criminalidad que atraviesa el país hace que las autoridades pongan mucho más cuidado a las emergencias por amenazas de bomba. 

Una prueba de lo anterior es la actualización que realizó el Poder Judicial del protocolo para atender y evacuar en caso de que exista sospecha de la presencia de explosivos.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, comentó que este documento se vuelve relevante ante lo que ocurre en Costa Rica y las amenazas que enfrenta la institución. 

Mientras que Rodríguez explicó que acceso principal a los servicios del Poder Judicial y establecer un perímetro de vigilancia son las claves de las autoridades para ejercer control.

Sin embargo, hay algo que tienen ya identificado: cuando hay juicio por crimen organizado se realizan llamadas con este tipo de amenazas para atrasar las audiencias. 

“Las cifras aumentaron entre ocho y 15, pero muchas se dieron, por ejemplo, durante el juicio de El Indio. Este debate generó un pico y seguramente para el retraso de audiencias”, manifestó. 

En lo que llevamos de 2024 han ocurrido tres situaciones en los edificios de los tribunales de Guápiles, Puntarenas y Goicoechea.

“En este momento que vive el país estamos en un punto muy crítico y no podemos dejar nada al azar. Hay que estar muy atento porque la criminalidad ha cambiado muchísimo”, externó.

Edward Rodríguez

Jefe de Seguridad del Poder Judicial

“Entre ocho y 15 evacuaciones es demasiado y se generó para el juicio de El Indio, para retraso de audiencias”.

Cambios

La actualización de dicho protocolo obedece a la cantidad de llamadas de amenazas de bomba que durante el año pueden presentarse y que conllevan la aplicación de instrucciones inmediatas para todo el personal judicial, así como para usuarios y visitantes.

Uno de los mayores retos que tienen las autoridades consiste en destinar recursos para los inmuebles antiguos que no se encuentran diseñados para la actual situación de inseguridad. 

“Tenemos un sistema de circuito cerrado de televisión de videovigilancia bastante actualizado. Parte de lo que estamos implementando ahora es la configuración de equipos analíticos para identificar cuando dejan paquetes sospechosos”, agregó Rodríguez. 

Además, se invirtió en un sistema de voceo en edificios principales, como en la Corte Suprema de Justicia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no obstante, todavía está pendiente en los Tribunales de Justicia. 

Emergencias

Por otra parte, el OIJ reporta que en los últimos cinco años tuvo que intervenir en 15 llamados de emergencia.

Sin embargo, en 2024 los agentes judiciales han recibido más alertas, con un total de cinco, de acuerdo con los datos del 10 de noviembre. 

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 24 de setiembre cuando se intervino la Fiscalía General de la República, tras una llamada que llegó 24 horas después de los allanamientos que se llevaron a cabo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

“Se han dado situaciones en muchos edificios, ya lo vimos en la Asamblea Legislativa y en La Reforma, con el lanzamiento de una granada. En los allanamientos del OIJ encuentran artefactos explosivos de alta capacidad. Es un aviso de que existen y están en el país”, afirmó Rodríguez.