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Dos mujeres utilizaban las redes sociales para promocionar falsos cursos de manejo y, de esta forma, estafar a decenas de personas que entregaron montos de entre ¢185.000 y ¢220.000.
Por este motivo, la Sección Especializada contra las Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó un operativo para desmantelar una red dedicada a engañar a personas interesadas en aprender a conducir vehículos.
Los agentes judiciales realizaron tres allanamientos: dos en las viviendas de las sospechosas, ubicadas en Heredia Centro y San Miguel de Santo Domingo, y uno en un local en Paso Ancho, San José.
El centro de la investigación radica en la estrategia de engaño diseñada por las sospechosas, de apellidos Sánchez y Romero.
Según el informe policial, el fraude comenzaba en redes sociales, donde las mujeres publicaban ofertas para atraer a personas interesadas en aprender a conducir.
El objetivo era aprovechar supuestos descuentos para convencer a los clientes de cancelar por adelantado, antes de iniciar las clases.
“Aparentemente, las sospechosas publicaban información sobre cursos de manejo o de escuelas de manejo en redes sociales y, aparentemente, hacían algún tipo de promoción si las personas cancelaban por anticipado”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.
Una vez que las mujeres recibían el pago, iniciaban la segunda etapa del modus operandi: posponer indefinidamente el servicio.
Las sospechosas inventaban distintos imprevistos para no impartir las lecciones. Alegaban, por ejemplo, que los instructores estaban enfermos o que los vehículos habían colisionado.
“Por distintas razones, en apariencia las sospechosas le daban largas al inicio del curso, les ponían excusas en diferentes momentos; indicaban que se habían enfermado los instructores o que habían colisionado los vehículos, hasta que, en determinado momento, dejaban de contestar los mensajes y bloqueaban a las personas”, agregó.
Para dar apariencia de legalidad a la actividad, las mujeres alquilaban ocasionalmente un local en Paso Ancho, que presentaban como una pista de práctica.
Las autoridades judiciales registran un total de 47 causas abiertas por este caso, con un perjuicio económico estimado en ¢9 millones.
A estos expedientes judiciales se suman 154 denuncias adicionales presentadas ante la Defensoría del Consumidor.
RECUADRO (Vector de lupa)
Modus operandi del fraude
Investigación y acusaciones

