El abandono de 98 rutas de autobuses no es solo una estadística alarmante sino el reflejo de un sistema de transporte público en decadencia. Uno de cada cinco empresarios ha desertado de sus concesiones, dejando a miles de costarricenses sin acceso a un servicio esencial.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) propone utilizar fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo como medida paliativa, cabe cuestionar por qué hemos llegado a este punto crítico.
La pandemia aceleró la crisis, pero las raíces del problema son mucho más profundas.
Las instituciones públicas han fallado sistemáticamente en crear condiciones favorables para que los operadores brinden un servicio de calidad.
Las tarifas desactualizadas, la falta de mantenimiento en rutas municipales y la ausencia de una política integral han convertido la operación de buses en un negocio poco atractivo y, en muchos casos, insostenible.
La propuesta del ministro Zeledón de facilitar la compra de 200 vehículos de este tipo con mejores condiciones financieras es un paso necesario, pero insuficiente.
El Estado no puede limitarse a medidas reactivas cuando se requiere es una transformación profunda del modelo actual. El aumento de servicios informales es la consecuencia lógica de este vacío, pero no la solución.
Costa Rica necesita un compromiso real entre el MOPT, el Consejo de Transporte Público, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y las municipalidades para desarrollar un sistema eficiente, accesible y sostenible.
