Urgen 10 firmas para enviar plan fiscal a la Sala IV

Tras la aprobación del plan fiscal en primer debate, lo que sigue es que el texto del proyecto sea enviado a consulta a varias instituciones.

Así lo explicó la presidenta del Congreso Carolina Hidalgo, pues según dijo, lo establece la moción de vía rápida del 208 bis.

¿Cuáles son esas instituciones?, según indicó el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso lo deben conocer Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, bancos del estado, la Aresep, municipalidades del país, instituciones autónomas, Tribunal Supremo de Elecciones, universidades del Estado y el Poder Judicial.

La consulta a la Corte Plena será clave. Si el criterio de los magistrados es que el plan fiscal afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, esto obligaría a que el segundo debate requiera mayoría calificada, es decir 38 votos, según lo establece el artículo 167 de la Constitución Política.

El primer debate alcanzó 35 votos a favor, por lo que se ocuparían tres más en ese eventual escenario. 

Hay que recordar que ya los magistrados emitieron un criterio negativo al plan fiscal sobre un texto anterior (de abril pasado), y a pesar que el frenteamplista José María Villalta intentó que la consulta se realizara antes del primer debate, Hidalgo insistió que se podía realizar luego.

VICIOS DE PROCEDIMIENTO

Las bancadas del Frente Amplio (FA) y de Restauración Nacional (PRN), principales opositoras al plan fiscal han insistido que existe claros vicios en el procedimiento del proyecto.

Precisamente el día jueves, el diputado Eduardo Cruickshank, recibió un informe de Servicios Técnicos que indicaba serias dudas al mismo.

“En el trámite legislativo del proyecto 20.580 las consultas obligatorias se realizaron sobre el texto base y no así sobre el texto sustitutivo aprobado por moción -137 para el segundo día, ni tampoco se ordenó su publicación”, indica el informe.

“Si bien la Comisión Especial que conoció el proyecto 20.580 no realizó las consultas obligatorias correspondientes ni la publicación en lo que respecta al texto sustitutivo, dicho trámite era de observancia obligatoria para la Presidencia de la Asamblea Legislativa, así consignado en artículo 4 bis inciso a. de la moción 208 bis”, agrega el informe referido. 

“No puede obviar esta asesoría la reiterada jurisprudencia constitucional respecto a los vicios de procedimiento por la omisión de consultas obligatorias y publicación de los textos sustitutivos que son la base de discusión en un momento procesal en el trámite de formación de la ley”, enfatiza el referido informe.

Pero la presidenta Hidalgo en una resolución emitida el viernes, antes de votarse en primer debate, refutó este informe, que además no es vinculante y dejó claro que no existe ningún vicio de procedimiento en el trámite de la reforma.

“Conforme con la literalidad del procedimiento, el lapso requerido para realizar las consultas institucionales y la publicación fue dispuesto, conforme el punto b del punto 4.bis, para que la Comisión Especial pudiera realizar tres audiencias a las siguientes instituciones: Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo. Esto ocurrió y así consta en el expediente. Se cumplió así con lo establecido en el procedimiento para ese momento procesal, reitero la consulta y publicación. Prueba de ello, es que hemos recibido la respuesta de varias instituciones, incluyendo la enviada por la Corte Suprema de Justicia”, indica la resolución.

10 FIRMAS

La otra consulta es si el proyecto va o no a la Sala Constitucional. Esta no es una obligación, sino que se ha convertido en una costumbre parlamentaria para “blindar” las iniciativas de cualquier vicio constitucional.  

El punto es que para enviarse se ocupan de 10 firmas de legisladores. El jefe de fracción de Restauración, Carlos Avendaño, dijo que iban a “valorar” y “analizar” si se hace la consulta o no.      

“Es un aspecto que lo vamos a meditar y estudiar de cara a las próximas semanas, la mayoría ha hablado…valoraremos si son asuntos de forma, pero vamos a ponderar en función de aspectos de fondo”, señaló.

Negó además que las bancadas del PAC o Liberacionista le hayan pedido no realizar este paso para no atrasar el segundo debate, esto porque por ley la Sala IV tomaría un mes para responder.   

El que sí dijo que es necesario hacer la consulta fue el socialcristiano Erwen Masís, pero dejó claro que el gobierno debe realizar las negociaciones necesarias para que el segundo debate cuente con los 38 votos. “Nosotros vamos a redactar una posible consulta a la Sala”, agregó.

Tras la votación, los distintos medios de comunicación que monitoreaban el debate se quedaron con las ganas de hablar con los diputados del PLN y del PAC, que salieron por el Salón de Expresidentes y aprovecharon que la seguridad interna del Congreso bloqueó el paso a los periodistas para escapar del recinto, aunque se les llamó, ninguno quiso atender las consultas.