Mientras los homicidios en Costa Rica siguen subiendo, la idea de contar con una política pública robusta en materia de seguridad parece haberse diluido.
Datos del OIJ en el primer semestre del año indican que 448 personas en nuestro país fueron asesinadas. En el mismo periodo de 2023 hubo 434, es decir 14 menos.
Las estadísticas también evidencian que los jóvenes siguen perdiendo la vida de forma violenta, y que los principales móviles continúan siendo los ajustes de cuentas y las riñas.
El panorama preocupa no solo a la gente de a pie, sino también a la Defensoría de los Habitantes. Dicha entidad interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV en contra del ministro de Seguridad Mario Zamora por no responder sobre el avance en la ejecución de la política Costa Rica Segura Plus.
Dicho plan, presentado en noviembre de 2023, tenía como ambición marcar la pauta en combate a la criminalidad en los próximos 10 años. Reforzaría las operaciones que se venían implementando en Limón con la colocación de escáneres y la lucha contra el narcotráfico.
Pero razón lleva la defensora Angie Cruickshank, pues quedan más preguntas que respuestas sobre esta política. Según indica, no solo no se le compartieron las actas y la reglamentación del Consejo Nacional de Seguridad, sino que tampoco las metas de reducción de delitos previstas en la política ni las fuentes de financiamiento que garanticen sostenibilidad de la estrategia o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Ojalá el señor ministro no se espere hasta que la Sala se pronuncie, sino que de oficio brinde los datos requeridos.
Esperemos que no sea cierto lo que doña Angie señala y que Costa Rica Segura Plus no consista en una declaración de buenas intenciones, ni que tampoco constituya solo un pomposo nombre vacío.
Y no se trata de quedarle bien a la Defensoría de los Habitantes, sino a los más de 5 millones de habitantes que urgen medidas expeditas y claras en la acción que se pueda desarrollar desde el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el tiempo apremia…