Para la representante de la Asociación Consumidores de Costa Rica, Rosa Elena Sánchez, “independientemente de si se tienen que hacer cambios o no (al texto de la propuesta), hay una necesidad bastante grande de una ley efectiva de consumidor financiero”.
Así lo expresó al exponer su criterio ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la cual analiza el proyecto de ley 24.616, que busca crear una nueva dependencia en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la cual tramitaría denuncias por posibles abusos de entidades financieras o crediticias.
Según explicó, una de las principales limitaciones de los consumidores en el país es la confusión que pueden tener de dónde presentar reclamos por casos en los que consideran se violentaron sus derechos, ya que en la actualidad no existe una oficina especializada en materia financiera en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ni en ninguna de sus dependencias u otra entidad estatal. Sánchez afirmó que ese nuevo despacho debería estar subordinado al MEIC, pues ahí ya existe una plataforma dedicada a la atención de disputas entre compradores y comercios, la Comisión Nacional de Consumidor, “a pesar de pertenecer al Ministerio, es un órgano totalmente independiente, como lo establece la ley”, manifestó.
“No voy a decir 100% estoy de acuerdo, ni 100% estoy en desacuerdo con este proyecto, lo que sí tengo 100% claro es que el país necesita un plan de consumidor financiero y que en el camino se vayan haciendo los cambios para llegar a algo que podríamos llamarlo perfección”, enfatizó.
Ante consulta de la diputada Monserrat Ruiz, la experta comentó que entre los cambios que haría al texto base de la iniciativa está otorgar “mayor potestad” a las asociaciones civiles de consumidores.
De igual forma, dijo que es preciso que la propuesta incluya mecanismos efectivos para la presentación de reclamos ante posibles casos de abuso por parte de los entes financieros, ya que no todos los costarricenses tienen los medios económicos para presentar una denuncia, por ejemplo, por cobros extra en tarjetas de crédito, y menos de ir a un litigio judicial al concluir el proceso administrativo.