Costa Rica necesita abrir con seriedad un debate nacional sobre la estructura de su sistema político.
La reciente proliferación de diputados declarados como independientes en la Asamblea Legislativa debe verse como un síntoma de una democracia que requiere ajustes. Lejos de ser un fenómeno aislado, esta tendencia se ha repetido en las últimas legislaturas, generando desconcierto en el electorado y complicaciones en la gobernabilidad.
La actual Asamblea Legislativa es la tercera con mayor cantidad de diputados independientes en la historia reciente del país. Siete legisladores han abandonado las fracciones con las que fueron electos: Luis Diego Vargas, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero dejaron el Partido Liberal Progresista; Gilbert Jiménez rompió con Liberación Nacional; Gloria Navas con Nueva República; y María Marta Padilla con el oficialismo.
Este grupo se suma a los 13 diputados independientes que hubo en la legislatura anterior, en su mayoría provenientes del extinto Partido Restauración Nacional.
” Resulta legítimo cuestionar si el presidencialismo que rige nuestra democracia sigue siendo eficaz en un entorno político tan dividido “
En 2003, el “Bloque Patriótico” marcó otro hito: ocho diputados del Partido Acción Ciudadana renunciaron a su bancada, generando una de las crisis internas más significativas en ese momento.
Más allá de la anécdota, este fenómeno plantea preguntas de fondo. ¿Debe un diputado que se declara independiente renunciar a su curul? Según un sondeo realizado en el sitio web de Diario Extra, un 80% de los participantes consideró que, sí, debería hacerlo. Por otro lado, un 11% opinó que deben conservar su escaño bajo el argumento de que no representan exclusivamente a un partido, sino a la ciudadanía. El 9% restante planteó la necesidad de modificar el sistema de elección y apostar por listas abiertas.
En un parlamento cada vez más fragmentado, donde las alianzas se diluyen con rapidez y la toma de decisiones se vuelve más difícil, urge analizar si el modelo actual responde a las necesidades del país.
Resulta legítimo cuestionar si el presidencialismo que rige nuestra democracia sigue siendo eficaz en un entorno político tan divido. Quizá sea momento de contemplar un sistema parlamentario, donde el Ejecutivo dependa directamente de su capacidad para construir acuerdos.
Un modelo que premie la negociación, la estabilidad y la responsabilidad política, y que castigue el oportunismo y la dispersión.
También debe evaluarse la posibilidad de introducir mecanismos que permitan a los electores votar por personas y no por listas cerradas impuestas por los partidos. El ciudadano merece saber con claridad quién ocupará el escaño y qué compromisos adquiere con su comunidad.
El actual sistema permite que personas sin liderazgo, pero bien ubicadas en la lista partidaria, lleguen a Cuesta de Moras sin haber sido verdaderamente elegidas.
