Urge revisión salarial

El salario que tienen algunos puestos en el sector público resulta preocupante, no solo por la fuga de cerebros que pudiera darse, sino porque los funcionarios se exponen a ser blanco de la corrupción.

Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Empleo Público definitivamente las condiciones para muchos cambiarán y es necesario que cada una de las instituciones haga una revisión exhaustiva del tema.

Ya escuchábamos al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) indicar que, en el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tienen la potestad para hacer una revisión.

Creemos que esa acción se torna urgente, y no solo en este cuerpo policial, sino en el resto de actividades que guardan relación con una necesidad de probidad en el quehacer público.

Los bajos salarios pueden ser un buen gancho para que las personas encuentren en el dinero fácil un medio para sobrevivir y ahora, con tanta delincuencia organizada, el toparse con esas ofertas no sería difícil.

La Policía, investigadores, jueces y fiscales deberían estar entre los mejor pagados del sector público para evitar este tipo de tentaciones y que no caigan en la necesidad de hacer “trabajitos” paralelos.

Ya veníamos viendo cómo, en el caso del personal forense y los psiquiatras judiciales, mencionaban cuántos compañeros se han ido, alegando temas de poca remuneración.

Además, este tipo de instituciones deberían tener a los mejores profesionales, pero están perdiendo en otra de las condiciones que tiene el sector privado e incluso fuera del país.

Esto mismo ocurre en el campo administrativo. Nos referimos al personal que maneja licitaciones, adjudicaciones, resoluciones, criterios y otros que podrían favorecer a una persona o empresa.

Si bien la probidad es un principio que todo individuo debe tener en el sector público o privado, se torna vital que los funcionarios encuentren un incentivo en sus salarios y condiciones laborales.

Tenemos conocimiento de que, con la regla fiscal y otras limitaciones al gasto, es complicado ejecutar este tipo de acciones, por lo que no deberíamos quedarnos de brazos cruzados.

Hemos visto también cómo en otras situaciones se da más bien un despilfarro de dinero, de modo que esto puede pasar más por un tema de mejora en la administración de los recursos públicos.

Uno de los sectores en donde esto es más frecuente es en el área de la salud. Son muchos los médicos que trabajan por vocación, pero ciertamente otros no tienen más opción que acudir al sector privado.

Esto incluso ha generado molestia en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) donde después de formar profesionales se van a clínicas y hospitales externos buscando una mejor oportunidad económica.

Conocemos también casos en el sector tecnología donde las instituciones no pueden competir con los salariazos que pagan las grandes multinacionales de zona franca.

Y es que muchos profesionales piensan que, si cuentan con los conocimientos y la experiencia, ¿por qué no arriesgarse a buscar un mejor porvenir? 

Sin embargo, hay ajustes que no son parejos y eso hace que el personal sea más propicio a irse o involucrarse en situaciones poco probas.