La crisis de los residuos sólidos en Costa Rica ha alcanzado un punto crítico, poniendo en evidencia la necesidad de una solución integral que involucre a todos los sectores de la sociedad.
El reciente cierre del relleno sanitario en La Carpio, que ahora canaliza alrededor de 1.000 toneladas adicionales de basura diarias hacia el botadero de El Huazo, subraya la urgencia de repensar nuestra estrategia de manejo de desechos.
Según el Ministerio de Salud, el Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, conocido como El Huazo, es ahora el único vertedero activo en la Gran Área Metropolitana (GAM) y su vida útil se ha reducido drásticamente.
Pasó de recibir un promedio de 1.800 toneladas de residuos diarios a 2.800, lo que aceleró su agotamiento. De los 11 años de vida útil que le restaban al recinto a inicios de 2024, se prevé que este lapso se reduzca a menos de tres años.
La clausura de Los Pinos en Cartago y del Parque de Tecnología Ambiental Uruka en La Carpio ha incrementado la presión sobre este sitio, llevando al límite su capacidad.
La ministra de Salud Mary Munive advirtió que la situación no solo amenaza con generar un colapso ambiental, sino que también complica la logística para los municipios y los sistemas de recolección.
El problema no se limita a un asunto de espacio: también están en juego la salud pública y la sostenibilidad del país. La contaminación generada por desechos mal manejados afecta las fuentes de agua, los suelos y la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Ante este panorama, el reciclaje surge como una de las herramientas fundamentales. Sin embargo, aún estamos lejos de aprovechar su potencial.
La separación de residuos desde los hogares es un punto de partida esencial, pero necesita ser acompañada por una infraestructura robusta que permita el tratamiento y aprovechamiento de materiales reciclables.
Los gobiernos locales deben jugar un papel clave en educar a la población y ofrecer las facilidades necesarias, desde centros de acopio hasta sistemas eficientes de recolección diferenciada.
El Poder Ejecutivo, junto con el Congreso, también tiene una responsabilidad ineludible.
Es urgente aprobar leyes que promuevan la economía circular y estimulen la inversión en tecnologías de tratamiento de residuos.
Esto incluye incentivos para empresas que desarrollen soluciones innovadoras, así como sanciones para quienes incumplan las normativas ambientales.
Además, se debe fomentar la investigación en alternativas sostenibles, como el compostaje, la generación de energía a partir de desechos orgánicos y la construcción de nuevos rellenos sanitarios bajo los estándares más altos de seguridad y sostenibilidad.
La situación actual también exige una mayor coordinación interinstitucional. Los municipios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y las empresas privadas deben trabajar de manera conjunta para garantizar una gestión eficiente de los residuos.
No solo se debe encontrar soluciones a corto plazo para el manejo del volumen de basura, sino también construir una visión de largo plazo que minimice la generación de desechos y maximice su reutilización.
Es momento de que los costarricenses asumamos un rol activo en esta problemática.
