Es momento de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre una sangría financiera que viene debilitando las arcas del Estado costarricense año tras año: los alquileres de edificios para instituciones públicas.
La cifra es contundente: 13.341 millones de colones anuales que el Gobierno destina al pago de arrendamientos para albergar sus oficinas y dependencias. Esta cantidad de dinero, que podría destinarse a inversión social, infraestructura o educación, se diluye en contratos de arriendo que podrían evitarse con una solución integral y definitiva.
El proyecto Ciudad Gobierno, una iniciativa que data de 2014, resurge como una alternativa prometedora para resolver esta problemática.
La propuesta de concentrar 35 instituciones públicas y aproximadamente 10.000 funcionarios en un solo complejo no solo representaría un gran ahorro económico, sino que también
transformaría radicalmente la forma en que el Estado brinda servicios a la ciudadanía.
Pero nos encontramos ante una encrucijada donde la urgencia por concretar la proposición choca con la necesaria rigurosidad en los procesos.
Las advertencias que ha hecho la Contraloría General de la República sobre la inviabilidad del mecanismo de desarrollo propuesto por el Gobierno evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre la agilidad administrativa y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Es comprensible la frustración ciudadana cuando se observa cómo los trámites se dispersan por diferentes edificios en la capital, mientras el Estado continúa desembolsando sumas millonarias en pagar por edificaciones ajenas.
Los casos del Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, que han logrado abandonar algunos edificios alquilados, demuestran que es posible tomar acciones concretas para reducir este gasto, pero se requiere una solución más integral y permanente.
La construcción de Ciudad Gobierno, con una inversión estimada de $450 millones, representa sin duda un desafío financiero y logístico considerable. No obstante, el costo de la inacción resulta aún mayor.
Cada año que pasa sin resolver esta situación significa miles de millones de colones en arrendamientos que podrían invertirse en el desarrollo del país.
Es fundamental que el Gobierno actual, en conjunto con la Contraloría, encuentren un camino viable que permita avanzar con el proyecto sin comprometer la legalidad ni la transparencia.
Es momento de que todas las instituciones involucradas trabajen en conjunto para concretar esta iniciativa.
La transparencia en los procesos no debe ser un obstáculo para la eficiencia administrativa, sino una garantía de que los recursos públicos se utilizarán de manera óptima.
El país necesita soluciones concretas y Ciudad Gobierno podría ser la respuesta que hemos estado esperando durante décadas.
El tiempo apremia y los recursos son limitados. No podemos permitirnos otros 25 años de “patear la bola”, mientras se siguen desperdiciando millones en alquileres.
Es hora de actuar con determinación, pero también con responsabilidad, para construir un Estado más eficiente y
cercano a las necesidades de sus ciudadanos.