En un mundo cada vez más globalizado, la infraestructura eficiente y sostenible es el motor que impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de las poblaciones. En este contexto, el anuncio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sobre las nuevas rutas ferroviarias hacia el Pacífico Central y la Zona Norte marcan un hito crucial para el futuro de Costa Rica.
Estas dos rutas, que se espera comiencen a materializarse en el segundo semestre de 2025, son mucho más que simples proyectos de transporte.
Se trata de declaraciones de intenciones: Costa Rica está apostando por soluciones de infraestructura que atienden tanto a las necesidades del sector industrial como a las comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La vía férrea al Pacífico Central, con una extensión de 131 kilómetros y la conexión planificada hasta el Puerto de Caldera, prometen revolucionar el transporte de carga, mientras que la otra línea busca unir la Zona Norte con Limón, lo que abrirá puertas al comercio y al turismo de forma sostenible.
El papel del sector privado en este proceso no puede pasarse por alto. A través de la realización de estudios de factibilidad y preinversión, los actores privados han demostrado cómo la colaboración público-privada resulta fundamental para avanzar en proyectos de esta magnitud. El modelo de concesión no solo reduce la carga financiera sobre el Estado, sino que también garantiza una ejecución más eficiente y acorde con las demandas del mercado.
Sin embargo, el compromiso no debe limitarse al sector privado. El Ejecutivo y el Estado tienen la responsabilidad histórica de priorizar y llevar a cabo proyectos que impacten positivamente al país.
El tren no es solo un medio de transporte sino una herramienta de integración regional, de dinamización económica y de inclusión social.
Es crucial que el Gobierno asegure un marco legal, financiero y logístico que permita que estas iniciativas se concreten sin contratiempos.
Asimismo, se deben establecer mecanismos claros de supervisión para garantizar que los intereses del país y de las comunidades beneficiadas prevalezcan en todo momento.
Para el sector privado, estas rutas representan una oportunidad de oro con miras a reducir costos logísticos, mejorar la eficiencia en el transporte de bienes y abrir nuevas puertas a mercados internacionales. Al mismo tiempo, para la población costarricense estos proyectos significan empleo, acceso a servicios más eficientes y una mejora en la conectividad territorial. Este tren es, literalmente, el camino hacia el desarrollo.
