El país enfrenta un reto ineludible: frenar el crecimiento del gasto público y garantizar un manejo responsable de los recursos del Estado.
Sin embargo, a menos de un año de que termine el actual periodo de la Asamblea Legislativa, los avances en este tema han sido prácticamente inexistentes.
Todavía no se ha aprobado ninguno de los proyectos clave que buscan ese objetivo, ni siquiera aquellos enviados por el Ministerio de Planificación y Política Económica, como la iniciativa para devolver la jerarquía a los ministros y resolver el desorden administrativo generado por el excesivo número de órganos desconcentrados.
El problema no solo radica en la inacción que se percibe en materia de disminuir el dinero que brinda la Administración, sino en la adopción de iniciativas que más bien afectan sus ingresos. Así lo alertó recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Costa Rica: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2025”. En su análisis, este organismo internacional expresó su preocupación ante expedientes legislativos que disminuyen los fondos fiscales, como bajar el cobro del marchamo, la exoneración de vuelos baratos y la reforma en el pago de los trabajadores independientes. Estas medidas significan una pérdida superior a los ¢9.000 millones para el Ministerio de Hacienda, en un contexto donde cada colón cuenta para mantener la estabilidad financiera del país.
El impacto de esta situación es claro: el fisco enfrenta una creciente erosión en su capacidad recaudatoria, lo que a mediano y largo plazo golpeará directamente a la población.
Estas afectaciones se materializan de distintas maneras, todas con consecuencias graves para el desarrollo nacional. Primero, el peso de la reducción de esos fondos recae sobre las compañías formales, que sí tributan, cotizan y generan empleo. Esto implica una mayor presión fiscal sobre las grandes, medianas y pequeñas empresas, con el riesgo de que muchas de ellas opten por la informalidad o reduzcan su capacidad de contratación.
Un sistema fiscal insostenible y mal diseñado termina por convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Segundo, la falta de recursos obliga a recortes en programas esenciales de asistencia social, como becas para estudiantes y capitales semilla destinados a emprendimientos.
Estas ayudas representan una herramienta fundamental para la movilidad social y el desarrollo de sectores vulnerables, por lo que quitarles recursos solo incrementaría las brechas de desigualdad en el país. Tercero, la incertidumbre en las finanzas públicas deteriora la confianza del sector privado, un pilar vital para el crecimiento económico. Si los empresarios perciben que el Estado no está manejando de forma adecuada su dinero, la inversión se estanca y se dificulta la generación de nuevos empleos.
Sin confianza en el entorno económico, no hay emprendimiento ni expansión empresarial, lo que agrava aún más el desempleo y la pobreza.
Aparte, un gasto público descontrolado se refleja en la incapacidad estatal para invertir en infraestructura clave.
Hospitales con deficiencias en equipamiento, carreteras en malas condiciones, y rezagos en el sistema educativo son consecuencias directas de un presupuesto mal administrado. La falta de planificación y la resistencia a implementar cambios estructurales en la administración pública perpetúan este círculo vicioso.
La evasión de estas medidas necesarias también se traduce en un incremento de la deuda pública, que compromete el futuro del país.
Mientras no se tomen medidas para frenar las erogaciones excesivas, Costa Rica seguirá dependiendo de créditos y de nuevos impuestos que afectan a la clase trabajadora y al sector productivo. Si la Asamblea Legislativa no toma cartas en el asunto, será la población quien termine pagando la factura con un costo de vida cada vez más alto y oportunidades laborales cada vez más escasas.
El país no puede seguir postergando las decisiones que son esenciales para lograr un equilibrio en las finanzas. Urge que la Asamblea Legislativa priorice las iniciativas que buscan evitar desperdicios y reordenar la hacienda pública.
No se trata solo de un tema de números, sino de garantizar un futuro sostenible para Costa Rica, donde resulte posible cumplir con sus obligaciones sin recurrir constantemente a nuevos impuestos que terminen asfixiando a quienes ya cumplen con sus responsabilidades tributarias.
