La única forma de evitar que continúen los problemas de racionamiento de agua en el futuro es fortalecer la inversión. Resulta doloroso que nos digan que la mayor parte de los préstamos no se ejecutan.
¿Cómo se le explica a una persona que tiene siete días sin acceso a una gota de agua que el problema es producto de que otra administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no hizo su trabajo?
En esto hay un tema curioso, a propósito del último informe publicado por la Contraloría General de la República y es cómo se determina la zona de inversión.
Si nos ponemos a analizarlo, siempre los mismos barrios y cantones tienen dificultad para acceder al líquido cuando en otros el servicio es muy fluido.
Ciertamente muchos de estos lugares son habitados por gente de clase media baja, y con esto no pretendemos generar divisiones entre la población, pero no podemos obviar el dato.
Se torna preocupante, porque el órgano contralor nos dice que la inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Sería interesante saber quién es el responsable de esto. ¿Quién tomó la decisión de no destinar dinero para tener plantas decentes en estas comunidades?
En caso de que se trate de un tema de gestión, la nueva administración debe empezar con procesos de despido. La responsabilidad no se delega y no podemos tener una institución secuestrada.
Si se tratara del caso contrario y son las autoridades las que no han hecho lo propio, instamos a los trabajadores a que presenten las denuncias ante el Ministerio Público, con nombres y apellidos.
No puede haber una desigualdad en el acceso al agua. Todos tenemos el derecho humano de acceder al preciado líquido, es por eso que no entendemos en qué se basaron para no hacer la infraestructura en ciertos lugares, mientras otros se desarrollaban.
El asunto es grave, mientras la gente denuncia que hay comunidades en Santa Ana y Alajuelita donde pasan hasta 22 horas sin agua, la Contraloría nos dice que un 57% de los proyectos que deberían estar finalizados en enero de 2024 ni siquiera está siendo ejecutado.
Esto no es una crítica por sí misma, es que resulta vergonzoso hasta con organismos internacionales que el país tenga esa capacidad de ejecución. ¿Y quién responde por eso?
Las instituciones no pueden ir al garete, se necesitan personas que enaltezcan al buen funcionario y hagan a un lado lo malo. La infraestructura resulta vital para salir de esta crisis.
Y sí, le llamamos crisis, porque no tiene cabida que cientos, si no es que miles de personas, estén sin agua casi todo el día.
Si no pensamos hoy en cómo resolver esto, la bomba nos va a estallar a futuro.
Esperamos que Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, logre tener éxitos en su gestión y saque adelante a una institución que a todas luces está viciada.
El solo hecho de que pasen uno y otro presidente ejecutivo por la entidad ya refleja la complejidad que debe tener el manejo interno. El país necesita gente con capacidad y valiente para hacer lo que se requiere por el bienestar de la ciudadanía.