Desde que se dio a conocer la creación de la famosa Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el pueblo se mostró bastante indignado porque nunca nadie pudo explicar la utilidad de dicha iniciativa.
Además, todo lo que giró en torno a esta Unidad estuvo lleno de secretismo, y desde el puro principio preocupó la orden de que las instituciones públicas facilitaran información confidencial de la gente.
Precisamente se dio razón a todos estos temores tras el fallo de la Sala Constitucional, pues dicha instancia judicial declaró la UPAD como inconstitucional, por lo que hacer un “mea culpa” ya no tiene validez.
El fallo número 2022019110 hace referencia al decreto ejecutivo 41996 del Ministerio de Planificación, al cual determinan ilegal, pues decía que la información recabada por la UPAD era de carácter confidencial.
Resulta muy preocupante que las autoridades del Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) quisieran infringir el derecho de autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos.
Los ticos se hartaron de la inoperancia política, del ocultismo de ese gobierno del PAC que quería levantarle los chingos a todo el mundo con quién sabe qué intenciones.
Si la recopilación de datos ciudadanos de la UPAD resultó tan transparente, ¿por qué desde el día uno no se habló claro y se dieron las explicaciones adecuadas de lo que querían hacer con los datos de los costarricenses?
Las respuestas parecen obvias, todo indica que ese gobierno operaba por debajo y con estructuras paralelas, ya vemos las contrataciones de los “grandes” amigos del PAC que se hicieron hasta sin colegiatura de abogados y estaban desde Casa Presidencial dando asesorías.
En su momento, fue sumamente curioso cómo los miembros del PAC en sus dos Administraciones se rasgaban las vestiduras, acusaban que los otros partidos en el gobierno no daban cuentas, y hablaron de la Casa de Cristal para referirse a su supuesta transparencia en el Poder Ejecutivo, pero con la UPAD demostraron su doble cara y moral mientras ostentaron el poder.
Quizá entre las situaciones más preocupantes destaca que todas las personas que habían dado sus datos lo hicieron porque tenían alguna necesidad, ya sea de un bono, ayuda, una casa o dinero, y nadie tenía derecho a usar su información para ningún otro fin.
Todo quisieron escudarlo en una minería de datos para generar políticas públicas, lo que resulta más que extraño es que estas nunca llegaron, porque de haber usado esos datos como Dios manda hubieran podido generar reactivación económica, disminución de pobreza y aumento de opciones de empleo.
Ahora los implicados pretenden hacer ver que nada pasó, que siempre actuaron de buena fe y a algunos parece que los ratones les comieron la lengua, pues no han dicho nada al respecto.
No podemos perder de vista que la Fiscalía General de la República está haciendo una investigación acerca de este tema, esperamos que los resultados de las indagaciones terminen en algo y no sean un plato de babas.
Y que, de verdad, si se demuestra dolo y las cosas no se hicieron bien, ojalá que la justicia se encargue de hacer que las personas implicadas paguen, porque es injusto para el pueblo ver cómo los políticos hacen lo que les da la gana sin tener nunca una consecuencia real.
Porque aparentemente a ciertos políticos el escarnio y el repudio del pueblo ya no les afecta, muchos de seguro se bañan en aceite y siguen queriendo presentarse como héroes cuando en realidad se han comportado como filibusteros con su propio país.