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La Sala Tercera realizará este martes 16 de junio una audiencia oral por el caso mediáticamente conocido como UPAD.
Según una resolución de la Sala Tercera en relación con el expediente 20-005434-0042-PE, la cita es a la 1:30 p.m. en la Sala de Vistas de casación, ubicada en el segundo piso de la Corte de Justicia.
La idea es que los representantes legales del presidente Carlos Alvarado Quesada y otros exfuncionarios investigados por el delito de prevaricato, así como la Fiscalía General, puedan pronunciarse en relación a una supuesta actividad procesal defectuosa.
Lo anterior se basa en una prueba ofrecida por los abogados de Alvarado (Rodolfo Brenes Vargas y Roger Guevara Vega), la cual se refiere a un dictamen pericial forense que está en curso de realización por parte de la empresa “Corporación Latinoamericana de Tecnología de Información”.
Sobre este particular se resolverá su admisibilidad.
Cabe señalar que Brenes dijo en atención a una consulta del DIARIO EXTRA que la audiencia es privada y no participará Alvarado, sino solo sus respectivos abogados.
CASO UPAD
La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, para su constitución disponía al Gobierno Central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.
Luego de tres denuncias penales, se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.
Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio, acompañada de 50 oficiales del OIJ, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales, allanó Casa Presidencial. Allí decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.
Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica.