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La disputa entre los gremios del Poder Judicial y los diputados que trabajan en una urgente reforma a su régimen de pensiones, tomó este jueves en horas de la noche un punto de no retorno, luego de que los miembros de la Comisión Especial dictaminaron un texto sustitutivo que se llevará al Plenario para su aprobación final como ley de la República.
Los gremios no han reaccionado de la mejor forma y amenazan con encrudecer la huelga que ya lleva más de una semana.
Antes de la aprobación de este texto, la diputada liberacionista Sandra Piszk, dijo en una publicación de DIARIO EXTRA que el objetivo de los diputados debía ser aprobar un proyecto que tenga un matiz de “justicia y equidad”, donde los pocos funcionarios judiciales que ganan más sean los que más aporten.
Es decir, como en su momento lo dijo el expresidente Alfredo González Flores, “Que el rico pague como rico y el pobre como pobre”.
Los fríos números no mienten, según datos de abril del 2016, el 92% de los empleados judiciales tiene un salario que no supera el ¢1,5 millones mensuales, el 5,6% oscila entre ¢1,5 millones y ¢3 millones; solo el 1,7% gana hasta ¢5 millones y apenas el 0,7% entre ¢5 millones y ¢9 millones.
Los legisladores entonces aprobaron un texto apegados al informe técnico que les brindó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), tomando como base el escenario cuarto de dicho informe.
Informe que la misma Corte contrató por un monto de ¢43 millones y que avaló en sus conclusiones en la audiencia a la que fueron convocados el pasado miércoles de la comisión especial.
El hueco del régimen de jubilaciones del Poder Judicial asciende a ¢5,3 billones, de no hacerse nada, a futuro será insostenible.
Las decisiones se deben tomar cuanto antes y eso lo saben los gremios quienes han dicho estar dispuestos a terminar con los privilegios que reciben unos pocos, como la millonaria pensión con la que se jubiló la expresidenta de la Corte, Zarela Villanueva, de casi ¢10 millones.
Es claro que los funcionarios judiciales cotizan cuatro veces más que el resto de los empleados públicos, y como ha quedado en evidencia no es posible que la mayoría siga pagando los privilegios de unos pocos.
Para el futuro existirán topes a las jubilaciones, el máximo será de 10 salarios base del Poder Judicial, es decir ¢4,7 millones y las que superen ese monto deberán pagar una contribución solidaria.
En cuanto a la contribución obrera, la propuesta es que se aumente hasta en un15% pero de forma gradual. Esto lo dejó muy claro la diputada Marcela Guerrero y esperamos que se respete en todos sus alcances porque permitirá que los aportes se hagan de forma equitativa.
En estos momentos, la huelga lejos de acabar parece que podría cobrar más fuerza. Se especula que otros gremios podrían unirse y sumar a un movimiento de más proporciones.
Es importante que las partes se sienten a negociar y se llegue a un acuerdo, no pensar más con el hígado y sí con la razón. Los gremios han dicho que reconocen la necesidad de una reforma, bueno es el momento de que se aplique de la mejor manera.
El trabajo que realizan los empleados del Poder Judicial es trascendental para la democracia y la paz social del país, son un garante de nuestras libertades y sin duda merecen todo el respeto por el esfuerzo que realizan diariamente.
Si esta es la oportunidad para cerrar un capítulo de desigualdades como el que se mantenía en este régimen, pues que así sea, pero que prive la razón y la inteligencia, antes que el orgullo o el enojo.