El 2 de noviembre de 1949 la Asamblea Constituyente, justamente una semana antes de que quedara en firme la nueva Constitución Política que nos ha regido por 60 años, dicta al calor del final de la segunda guerra mundial, y haciendo eco –como consta en ella textualmente- de la “declaración del Presidente de los Estados Unidos de América de 1946, de la declaración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1945, de la declaración del Presidente de la República Argentina de 1946, de la declaración del Presidente de la República de Chile y de Perú de 1947”, la Proclama de Soberanía Nacional sobre el Zócalo Continental y el Mar Epicontinental.
Proclama en la que Costa Rica consolida los espacios marítimos allende sus fronteras terrestres, asegurando nuestra soberanía y dominio sobre mares adyacentes a cualquier profundidad, bajo una visión del futuro y su desarrollo que no solo ha sido olvidada por quienes nos han gobernado, sino que ha sido agredida jurídicamente en las últimas décadas.
Su texto -vigente de pleno derecho-, tiene en razón de su génesis la virtud de señalar el contexto real y la verdadera intención de los artículos quinto y sexto de nuestra Constitución, los cuales han sido interpretados erróneamente por nuestro parlamento en las últimas décadas al calor de criterios –a nuestro juicio también erróneos- de la Sala Constitucional, mostrando una vez más la incapacidad de quienes ostentan el Primer Poder de la República de responder a un obligante de guiar a nuestro país por la senda correcta.
El hecho de que haya sido la Asamblea Constituyente quien haya establecido esta ley, le da jurídicamente un rango superior a la normativa común; y por lo tanto, no puede ser derogada u olvidada por ignorancia de quienes ostentan la máxima responsabilidad jurídica y política del momento.
A espaldas del mar. Reiteramos que nuestro país en sus decisiones cotidianas de planificación, educación, desarrollo y comercio, por citar algunas columnas del desarrollo nacional, sigue actuando de “espaldas al mar”. Aquel gigante ignorado que constituye el 92% del territorio nacional y de nuestras riquezas naturales. Será por ese motivo que nuestros políticos enterraron esta valiosa proclama de 1949, de cuyo texto podemos extraer algunos postulados:
“Art. 1º.-Se confirma y proclama la Soberanía Nacional en toda la plataforma submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad a que éste se encuentre, reafirmando el derecho inalienable de la Nación en todas las riquezas naturales que existen en dicho zócalo o plataforma.”
Principios jurídicos trascendentales que dan –por ejemplo- un palmo de narices a un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, que lleva y trae criterios técnicos y jurídicos de la Procuraduría, la Sala Constitucional y el Departamento Técnico de la propia Asamblea, todos fuera de contexto.
O bien el “Art. 4º.-Declárase la protección del Estado sobre todo el mar comprendido dentro del perímetro formado por la costa con una paralela matemática, proyectada en el mar a doscientas millas marinas de distancia de las costas continentales costarricenses. Tratándose de islas costarricenses la demarcación se medirá señalándose una zona de mar contigua a las costas de las mismas, proyectada paralelamente a éstas, a doscientas millas marinas, por todo su contorno”. Cuyo texto supera la trascendental reforma de 1975 del art. 6 constitucional a través de la cual elevamos a 640.000km2 el área territorial. ¡Siendo que ya lo habíamos logrado desde 1949!
Por los motivos anotados, reiteramos nuestro llamado urgente a los diputados, para que saquen del cajón de la basura esta Proclama Nacional, le den vigencia y obliguen a la Corte Suprema de Justicia, a nuestra Cancillería y a la Procuraduría General de la República, entre otros; a proceder con apego a principios jurídicos olvidados que definen y defienden nuestra soberanía y territorio nacional, frente a los intereses mezquinos de quienes hoy más que nunca pretenden adueñarse de nuestras grandes riquezas nacionales .
Esta Proclama, por su importancia y actualidad, constituye un estandarte que nos guiará frente a los grandes retos que nos depara el Siglo XXI.
Por ello merece estar escrita en letras de oro en la puerta de la Asamblea Legislativa: para que jamás sea olvidada por quienes vienen y van en las mieses del poder; en las del Ministerio de Educación: para que estudiantes y maestros tengan conciencia de las oportunidades que ofrece nuestro grande y rico país –el mayor de América Central-; en las puertas del Ministerio de Planificación: para que se cambie el rumbo de nuestra nave estatal; y en las puertas del Ministerio de Relaciones Exteriores: para que constituya estandarte de nuestra política exterior. ¡Nunca más tirada en el cajón del olvido¡
*Oceanógrafo, abogado.