En momentos que las cuotas más bien van para arriba, la Universidad Nacional (UNA) lanza una propuesta para revisar los cobros en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sugiere revisar y evaluar la totalidad de los porcentajes de aportación y contribución establecidos en el sistema de seguridad social, el cual es pagado por las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La idea es generar una reducción proporcional de al menos un 20% como obligación patronal, de manera que se mejoren el ingreso disponible y la liquidez en el flujo de caja a corto plazo de las empresas.
Otra propuesta es generar un seguro de desempleo para aquellas personas que perdieron su trabajo por cierre obligatorio de las pequeñas y medianas empresas generado por la pandemia. Este sería equivalente a un salario mínimo.
De igual modo aconseja suspender el impuesto total de bienes e inmuebles y el cobro de patentes municipales en las pymes de sectores vulnerables en lo equivalente al menos a dos trimestres para 2021, de manera que las empresas puedan abrir operaciones con costos bajos a la entrada.
Algo que el Consejo Universitario y la Rectoría de la UNA consideran prioritario es definir políticas e instrumentos para que el sistema financiero establezca líneas de crédito preferenciales orientadas a promover la inclusividad financiera de los sectores productivos en desventaja.
Uno de los objetivos sería crear un fondo para un subsidio mensual equivalente a un salario mínimo a las micro y pequeñas empresas que tienen empleos a tiempo completo y han mantenido sus actividades, a pesar de las dificultades que enfrentan.
“El Banco Central está llamado a contribuir también inyección de liquidez, a través de mecanismos y reglas del juego novedosas que den un acceso real y permitan una recuperación de estos sectores y sus actividades económicas.
Hay que repensar también los esquemas de garantías para que el Estado pueda contribuir, no solo con esquemas de garantías, sino también con inyección de fondos”, indicaron.
A su parecer es recomendable establecer un monto de crédito de al menos ¢30.000 millones para que sean prestados a micros y pequeñas empresas a través de los operadores del Sistema de Banca de Desarrollo, a plazos de 60 meses o más y a una tasa no superior al 2%, priorizando sectores que dinamizan encadenamientos productivos estratégicamente importantes, como el turismo, la hostelería, la ganadería y el lácteo, entre otros.
Esto implica levantar el requisito de presentar un estudio de factibilidad, tal como se establece en dicha ley, lo cual técnicamente limita el acceso al crédito.