Durante las últimas décadas, los recursos pesqueros del país han sufrido un vertiginoso deterioro. Indudablemente la administración de este bien público no ha sido la mejor.
Lejos de buscar la sostenibilidad del recurso para asegurar el bienestar económico de los pescadores en el largo plazo, hemos entregado este importante sector en manos de unos pocos “interesados”, que han buscado el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. En el corazón de este problema se encuentran la ausencia de políticas pesqueras sustentables y los obvios conflictos de intereses en el seno de la Junta Directiva de Incopesca, máximo tomador de decisiones en el sector.
Continuando con una política pesquera acomodaticia y cargada de intereses particulares, hace dos semanas, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto de ley “Creación del Tribunal Administrativo de Pesca y Acuacultura” (expediente 18.358). Con este tribunal se pretende crear un órgano de desconcentración máxima, con personería jurídica instrumental, adscrito al Incopesca, que se encargue de aplicar las sanciones y multas que actualmente lleva a cabo el mismo Incopesca.
El conflicto de intereses
Causa sorpresa y preocupación, constatar que en el mencionado proyecto se indica (Art. 5) que el tribunal estará conformado por tres miembros propietarios nombrados: uno por Incopesca, otro por las Asociaciones de Pescadores y el otro por las Asociaciones de Acuicultura.
Durante los últimos años se ha venido discutiendo reiteradamente, las trágicas consecuencias para el recurso y el sector pesqueros de una Junta Directiva de Incopesca integrada mayoritariamente por representantes de los sectores administrados.
Lejos de alejarse de esta nefasta posición, ahora el Poder Ejecutivo envía al Congreso, en forma extraordinaria, un proyecto de Ley que viene a reforzar la influencia mayoritaria de los sectores administrados en las decisiones que competen a la administración de un bien público ( los recursos pesqueros).
Bajo el esquema propuesto se consolida la figura de “juez y parte”.
De prosperar esta iniciativa, no sólo los administrados estarían a cargo de emitir las políticas pesqueras del país, sino que ahora decidirían quiénes son los jueces que les juzgarán cuando irrespeten las auto-impuestas regulaciones.
Es obvio y patente el conflicto de intereses dentro del sector pesquero!.
Ausencia de una visión integral
Para asegurar aún más el control del sector, se propone una vaga figura jurídica que en términos prácticos traslada la aprobación presupuestaria del tribunal, de la Asamblea Legislativa a la Contraloría General de la República; una clara pérdida del control político en la operación de un ente que administra un bien público.
Los recursos pesqueros son un bien de todos los costarricenses, que debe de ser manejado en forma integral, pues es un recurso que nos pertenece a todos, no sólo a los pescadores.
Déficit fiscal
En momentos en que el gobierno pasa por una fuerte crisis fiscal, se propone la creación de un ente estatal adicional que aumentará el déficit fiscal.
Se establece en el proyecto de Ley que el tribunal elaborará un presupuesto para cubrir sus gastos administrativos y de recursos humanos y que dicho presupuesto será cubierto con recursos del Incopesca.
Si de algo se han quejado las autoridades del Incopesca es de la carencia de recursos financieros. ¿Cuál será el impacto de este tribunal sobre el ya exiguo presupuesto de Incopesca? ¿Se contará con recursos adicionales para Incopesca? ¿O se debilitarán las ya deficientes gestiones del Instituto para cubrir el nuevo compromiso? Eso no lo indica el mencionado proyecto de Ley. Es tan escaso el interés por administrar los recursos pesqueros adecuadamente que ni siquiera se identifican los recursos financieros con que va a operar este tribunal!
En definitiva, el país sigue dando tumbos en su política pesquera. La ausencia de una política clara, integral y sostenible continúa brillando por su ausencia.
Mientras tanto los recursos pesqueros siguen deteriorándose, y miles de pescadores ven colapsar su sustento económico. Pareciera que habrá que arrastrar los recursos pesqueros a su total agotamiento y llevar a la pobreza extrema a miles de pescadores antes de que los entes gubernamentales busquen generar e implementar una política pesquera responsable, integral y sostenible.
En el caso particular de este anteproyecto, sólo nos queda esperar a que el sentido común, la responsabilidad y el amor patrio prevalezcan en la Asamblea Legislativa.
*Director General, MarViva