Terminamos el 2022 con 656 homicidios por sicariato y más de 1.500 muertes violentas. Al ritmo que comenzó el 2023, vamos hacia el despeñadero. Ocho puntos esenciales:
1.- Es una crisis país y como tal debe ser enfrentada integralmente y sin politiquería. Las mafias del narcotráfico son poderosas y su capacidad de corrupción ilimitadas.
2.- No se trata solo de la Fuerza Pública. Debemos crear por ley un Sistema de Seguridad y enfrentar esta crisis desde varios frentes y en una forma integral y paralela, bajo la coordinación y evaluación periódica, al más alto nivel, de un Consejo Nacional de Seguridad, como lo establece la vigente Ley General de Policía y con participación de los tres Poderes del Estado.
3.- Dicha nueva normativa reformaría la Ley General de Policía, la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia. El texto está redactado y presentado ante las autoridades correspondientes. Es cuestión de ajustarlo, mejorarlo y transformarlo en ley de la República.
4.- En el frente policial, necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública rector y fortalecido presupuestariamente, para la correcta articulación operativa y una obligada coordinación (no unificación) por ley de las dispersas fuerzas policiales, cuya capacitación y profesionalización se centralizará en la Academia Nacional de Policía. Solo así la Fuerza Pública, incluyendo a las Policías Municipales, tendrá el músculo y los efectivos suficientes para cumplir sus obligaciones de seguridad ciudadana y nacional.
5.- Las funciones policiales preventivas y las represivas, a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de coordinarse por ley, deben incrementar sus actuales capacidades tecnológicas e ir de la mano con una eficiente inteligencia policial y una activa cooperación internacional. El país enfrenta serios problemas de delincuencia transnacional y no solo nacional.
6.- Las empresas privadas de seguridad y las bancarias, capacitadas en la Escuela Nacional de Policía, formarán subsidiariamente parte de este Sistema Nacional de Seguridad, al igual que las fundamentales organizaciones cívicas y comunales. Esto significaría agregar capacidad operativa a la Fuerza Pública.
7. En el Frente Judicial hay que reformar el Código Penal y, especialmente, al Código de Procedimientos Penales, acorde a la dimensión de esta grave crisis.
8.- En el frente de la prevención social: las acciones policiales, se complementarán, integralmente, con acciones paralelas en educación y capacitación en escuelas y colegios, deporte y arte, trabajo conjunto con las organizaciones laicas y religiosas de prevención y capacitación por medio del INA, lucha contra la pobreza y la marginalidad y atención correcta del tema de las adicciones como un problema de salud pública por el Ministerio de Salud y la CCSS. Hay que atacar las causas y este frente social es fundamental.
Urge una política pública integral y coordinada de seguridad, en lo preventivo y represivo, con adecuada rendición de cuentas. Ataquemos las causas reales y enfrentemos a las mafias organizadas. Nos va en ello el futuro de Costa Rica.
…Y USTED QUÉ OPINA???