Una colosal pifia

Hace 10 años, estudié muy a fondo la Ley de Extinción de Dominio de Colombia.

En ese país, y en las circunstancias complejas y duras de su lucha contra el narcotráfico y los poderosos carteles de la droga, en medio de una guerra y la extrema violencia, esa ley y los principios en que se inspira se transformaron en un arma legal poderosa para combatir a los delincuentes por el lado que más les duele: el de sus enormes ganancias acumuladas, invertidas en haciendas, casas, edificios de apartamentos, autos de lujo, bares, casinos, joyas, negocios de fachada, yates, aviones y dinero guardado en cajas.

Mi iniciativa era una ley de excepción, específica, simple y circunscrita al ámbito estricto de la narcoactividad, en que se invierte la carga de la prueba y una vez declarada la tipicidad por un juez competente, en un caso de narcotráfico o lavado de dinero derivado de la droga, el acusado debe demostrar la legalidad del origen de los recursos con los que adquirió los bienes de su propiedad o, de otra forma, el Ministerio Público puede solicitar la extinción de dominio, asumiendo el Estado el dominio pleno de esos bienes.

Esa fue la idea en la que trabajé como Ministro de Seguridad Pública. Después no sé realmente qué pasó, visto que el poder de ese entonces tenía otros intereses políticos, hasta que hace tres años la Comisión de Seguridad y Narcotráfico asumió la responsabilidad de dotar al país de una buena Ley de Extinción de Dominio. Se esperaba muchísimo de ese trabajo legislativo y de su impacto en la lucha contra la narcoactividad y en materia de seguridad.

El resultado, por el contrario, ha sido un perfecto adefesio jurídico. Un texto de naturaleza inquisitorial y compleja, ampliado a muchos delitos y no solo al narcotráfico y un mamotreto de 147 artículos, en que se otorga una peligrosísima discrecionalidad a los Fiscales del Ministerio Público. Tanto que varios distinguidos constitucionalistas, y con razones de mucho peso, como el exministro Fabián Volio y Jaime Ordoñez, han publicado en la prensa artículos demoledores, señalándole vicios básicos e inadmisibles de constitucionalidad.

Para cubrirse, enmendar la torta y por aquello del año electoral, los Diputados decidieron pasar la ley dictaminada a mejor estudio por un tiempo prudencial, lo que es igual a decir que se archive y así evitar críticas y cuestionamientos públicos muy incómodos en estos meses. Tres años perdidos y decepcionantes de trabajo legislativo. Una colosal pifia intelectual y política.

Pero uno se pregunta: ¿Será que algunos Diputados no estudian, ni son capaces de adaptar una ley probada y buena de otro país a las realidades nacionales? ¿O será que algunos solo están en la “operación show mediático” para salir en la prensa y hacer noticia, con un tema que genera buenos réditos electorales, como el de la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada…?

¿O serán otras las razones? Vaya usted a saber… porque los únicos felices con esta colosal pifia son los narcos y los lavadores de dinero sucio e ilegal.