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La decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de llevar equipos médicos multidisciplinarios a hogares, centros de trabajo y escuelas representa un giro fundamental en la forma como el país enfrenta sus desafíos de salud pública. Esta estrategia no es un lujo ni un experimento caprichoso: es una necesidad impostergable ante una crisis sanitaria silenciosa que amenaza con colapsar nuestro sistema de salud.
Las cifras son alarmantes. Más del 36% de los costarricenses padece hipertensión arterial, cerca del 15% vive con diabetes, y siete de cada diez personas presentan sobrepeso u obesidad. Estas no son simples estadísticas: son vidas en riesgo, familias en potencial duelo, y una bomba de tiempo epidemiológica que, de no atenderse, convertirá los hospitales en espacios insuficientes para atender las consecuencias de males que pudieron prevenirse.
Durante décadas, Costa Rica construyó un modelo de salud pública envidiable en la región, basado en la atención primaria y la prevención. Sin embargo, los cambios en los estilos de vida, el sedentarismo, la alimentación inadecuada y la pérdida de contacto de amplios sectores de la población con los servicios de salud han revertido muchos de esos logros. Hoy enfrentamos una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que se ha convertido en la principal causa de muerte y discapacidad en el país.
La estrategia anunciada por la CCSS representa un retorno inteligente a los principios que hicieron grande nuestro sistema de salud: ir donde está la gente, no esperar a que la enfermedad avance, y trabajar en la promoción de estilos de vida saludables antes que en la curación de padecimientos evitables. Llevar profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física directamente a las comunidades es reconocer que la salud se construye en el día a día, en las decisiones cotidianas, y no solo en las salas de emergencias.
El plan piloto en 15 áreas de salud, con la incorporación de 292 nuevas plazas, es ambicioso pero necesario. La inversión inicial puede parecer elevada, pero el costo de no actuar es infinitamente mayor. Cada torre de oncología que debamos construir, cada sala de cirugía cardiovascular que se requiera ampliar, cada lista de espera que se alargue, son recordatorios del precio que pagamos por no invertir en prevención.
Sin embargo, el anuncio de una política no garantiza su éxito. La implementación será crucial, y aquí es donde las autoridades de la CCSS deben demostrar compromiso genuino más allá de las declaraciones. No puede ser una estrategia de papel que se diluya en la burocracia o que se abandone ante las primeras dificultades presupuestarias.