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La crisis del sector agropecuario costarricense ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un tema de seguridad nacional. La realidad es que el sector agro se encuentra amenazado y con él miles de personas en la ruralidad, y los números no mienten: en los últimos ocho años se han perdido más de 67 mil empleos agrícolas, pasando de 279 mil trabajadores en 2019 a apenas 187 mil personas empleadas actualmente en esta industria vital.
Esta hemorragia laboral no es casualidad. El campo costarricense enfrenta una tormenta perfecta que combina la desprotección arancelaria, la competencia desleal de las importaciones, el abandono estatal y los efectos devastadores del cambio climático.
La respuesta tradicional del Estado ha sido reactiva y fragmentada. Proponer nuevos impuestos para financiar fondos de emergencia, como se ha sugerido para los arroceros, es poner un parche a una herida que requiere cirugía mayor. El sector agropecuario costarricense necesita un respaldo integral que vaya más allá de los subsidios puntuales y aborde las causas estructurales de la crisis.
Se perdieron 23.000 empleos en el último trimestre de 2024, precisamente en una época que tradicionalmente registra aumentos en la contratación por el inicio de las cosechas. Esto revela que la crisis trasciende los ciclos estacionales y se ha instalado como una tendencia preocupante que amenaza la viabilidad del sector.
La pérdida de peso relativo del agro en la economía nacional es alarmante. Mientras hace cinco años este sector representaba el 13% del empleo nacional, hoy apenas alcanza el 9%. Esta reducción no solo implica desempleo, sino la destrucción de un tejido social rural que ha sido históricamente fundamental para la identidad y la seguridad alimentaria del país.
La crisis refleja una disyuntiva más profunda sobre el modelo de desarrollo que queremos para el país. ¿Aspiramos a ser una economía puramente de servicios, dependiente de las importaciones para nuestra alimentación? ¿O mantendremos un equilibrio que preserve nuestra capacidad productiva y nuestra soberanía alimentaria?
Los candidatos presidenciales que aspiran a gobernar Costa Rica a partir de 2026 tienen ante sí una oportunidad histórica de demostrar que entienden la magnitud del desafío. No se trata solo de ganar votos rurales, sino de definir un proyecto país que sea sostenible, inclusivo y soberano.
El agro costarricense puede y debe ser competitivo, pero necesita un Estado que lo acompañe de manera inteligente. Que proteja sin sobreproteger, que modernice sin desarraigar, que innove sin abandonar las lecciones del pasado. El futuro del campo costarricense, y con él la seguridad alimentaria y el bienestar de miles de familias rurales, está en juego.