El manejo de los fondos públicos representa una de las mayores responsabilidades de los gobiernos.
Estos no solo son la base para implementar políticas públicas y programas sociales, sino que resultan esenciales para las necesidades país, así que el uso adecuado es un deber administrativo y constituye una obligación ética.
El tema de si el INS debe cubrir las pólizas de responsabilidad civil para los ministros del Gobierno es un asunto de discusión ética.
Uno de los principios básicos de la responsabilidad civil consiste en que cada persona debe responder por sus actos. Al cubrir los posibles desaciertos de ministros, se envía un mensaje de que poseen inmunidad económica frente a las consecuencias de sus acciones, ya que la aseguradora tendría la obligación de defender intereses individuales, aunque pudieran estar en conflicto con el interés público.
Los servidores públicos, en cualquier nivel, tienen el deber de actuar con probidad, considerando el bienestar colectivo por encima de cualquier tema.
La obligación de utilizar correctamente estos dineros es un compromiso de doble vía que involucra a las autoridades y ciudadanía. La adecuada administración de los recursos no solo debe ser vista como una tarea técnica, sino como un pilar de la confianza en la democracia.
Tomemos en cuenta que el poner pólizas de responsabilidad civil para ministros abre la puerta para que otros funcionarios también soliciten el beneficio, lo cual podría tener un impacto negativo en las finanzas y presupuesto nacionales.
También podría crear un precedente de irresponsabilidad en los niveles más altos del Gobierno.
