Un primer paso contra los disparadores del gasto

Desde hace bastante tiempo una de los temas que ocupan la palestra en la agenda política nacional es el del recorte a los disparadores del gasto público. Lo anterior, dado lo pequeña de nuestra economía y la gran cantidad de fugas para el erario público que implica la erogación del gasto en pago de privilegios que a todas luces son desmedidos y que deben ser eliminados. 

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Desde hace bastante tiempo una de los temas que ocupan la palestra en la agenda política nacional es el del recorte a los disparadores del gasto público. Lo anterior, dado lo pequeña de nuestra economía y la gran cantidad de fugas para el erario público que implica la erogación del gasto en pago de privilegios que a todas luces son desmedidos y que deben ser eliminados. 

 

Precisamente, con el apoyo de varias bancadas legislativas, hemos dado un primer gran paso en el Congreso, al aprobar el expediente 19184, relativo al régimen de pensiones de los exdiputados y que me honra haber presentado a la corriente legislativa en junio del año pasado.

 

Resulta importante destacar que los regímenes especiales contributivos de pensiones se cerraron el 15 de julio de 1992 con la publicación de la Ley N.º 7.302 que en sus numerales 1 y 38, señalan que para los funcionarios que ingresen a servir al Estado con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, solamente podrán pensionarse mediante el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

Con dicha Ley, los legisladores pretendieron unificar todos los regímenes especiales de pensiones que contaran simultáneamente con tres características: 1) que se trate de regímenes contributivos; 2) que tengan como base la prestación de servicios al Estado, y; 3) que el pago de los beneficios económicos del régimen esté a cargo del Presupuesto Nacional.  

 

El proyecto aprobado esta semana, modifica la metodología de revalorización y topes de este régimen especial que aún cuenta con beneficiarios, denominado: Régimen de Hacienda-Diputados, el cual establecía como tope a sus pensiones el valor de la remuneración total de las dietas o salarios que devengue mensualmente un diputado, por concepto de sesiones de Comisión y de Plenario de la Asamblea Legislativa e incluso por casos de excepción de ley se permite que ese tope sea sobrepasado sin límite alguno, contrario al resto de los regímenes especiales contributivos donde existe un único tope establecido.

 

Además, lo aprobado en la Asamblea Legislativa tiene como propósito romper con la disparidad y desigualdad que este régimen ha tenido históricamente, por cuanto establece que las pensiones del Régimen Hacienda-Diputado se deben revalorizar en un 30% anual y que sigan creciendo de manera exponencial.

Esta situación de privilegio es desproporcionada si comparamos este Régimen con los otros regímenes especiales contributivos de pensiones que administra la Dirección Nacional de Pensiones, los cuales únicamente se reajustan por costo de vida, en el mismo porcentaje que dicta el Poder Ejecutivo semestralmente, creciendo de manera racional y proporcionada.  De ahí que el logro alcanzado en el Congreso procura que se cumpla con el principio constitucional de igualdad y que no haya tratamientos ni revalorizaciones únicas y especiales en comparación con otros regímenes especiales de pensiones contributivas.

 

A la vez, tiene por objeto que los montos de pensión del Régimen de Hacienda- Diputados tengan como tope máximo de pensión 10 salarios mínimos, el mismo que está establecido para todos los demás regímenes especiales contributivos.

 

Sin embargo, resulta trascendental y urgente aprobar otras reformas legales que permitan limitar y reducir el gasto exponencial y excesivo, por lo que hemos presentado una serie de proyectos que cuentan con un muy buen ambiente entre las distintas fracciones legislativas, relativos a evitar pagos de pensiones a personas fallecidas; que los hijos e hijas beneficiarios de regímenes especiales de pensiones reciban este beneficio solamente si son menores de 18 años, si son mayores de 18 años y hasta los 25 años si se encuentran estudiando o si se trata de personas con discapacidad; así como regulaciones al régimen de pensiones del Poder Judicial, entre otros. 

 

Este primer paso que hemos dado de manera firme en el Congreso, así como el resto de tareas pendientes en beneficio del erario público, requieren del compromiso de las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales del país.

 

No solo está en juego la estabilidad y buen rumbo de esta nave en la que viajamos todos, sino la clase de Estado fuerte pero ágil que heredaremos a las futuras generaciones.

 

*Diputada

Partido Liberación Nacional